La escuela secundaria argentina vuelve a quedar en el centro de una discusión incómoda: ya no se trata solamente de pensar qué contenidos necesita para adaptarse al futuro, ni cómo debe incorporar la inteligencia artificial, el mundo digital o las nuevas demandas laborales. El problema más urgente, según la mirada de quienes sostienen las aulas todos los días, parece bastante más básico y profundo: cómo volver a conectar a los estudiantes con la escuela.
Un informe técnico elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Asociación Conciencia advierte que la falta de motivación e interés de los estudiantes es el principal problema identificado por docentes, directivos y otros educadores de escuelas secundarias del país. Según el relevamiento, el 82,3% considera que se trata de un problema importante y el 56,8% lo ubica entre los tres problemas prioritarios del nivel.
El dato funciona como una señal de época. Mientras el debate educativo suele concentrarse en reformas, currículas, celulares, evaluaciones estandarizadas o articulación con el empleo, dentro de las escuelas aparece una pregunta previa: qué pasa cuando una parte significativa de los adolescentes no encuentra en la secundaria un espacio capaz de convocarlos, exigirles, acompañarlos y sostenerlos.
El informe, titulado “Repensar la escuela secundaria: problemas, resistencias y reformas posibles desde la mirada de docentes y directivos”, fue realizado a partir de una encuesta nacional aplicada entre el febrero y marzo de 2026 a 1.148 docentes, directivos y otros educadores de escuelas secundarias argentinas. Los autores aclaran que se trata de una muestra no probabilística, ponderada con datos del Relevamiento Nacional del Personal Educativo 2025, por lo que no corresponde hablar de margen de error, sino de tendencias surgidas entre los educadores consultados.
La aclaración metodológica no es menor: el trabajo no mide aprendizajes ni trayectorias estudiantiles en forma directa, sino percepciones de actores escolares, dado que la investigación recupera la voz de quienes conviven diariamente con el aula real: docentes que enseñan, directivos que gestionan, preceptores que acompañan y equipos escolares que deben traducir cada reforma en prácticas concretas.
Desmotivación, ausentismo y continuidad pedagógica
El segundo problema más señalado por los educadores son las inasistencias estudiantiles, consideradas importantes por el 73,8% de los consultados. La preocupación crece en las escuelas de gestión estatal, donde el porcentaje asciende al 79%. A eso se suma el ausentismo docente, mencionado por el 43,9% de los trabajadores de la educación, con mayor incidencia en instituciones estatales y de nivel socioeconómico bajo.
La combinación de desmotivación y ausentismo deja expuesto uno de los núcleos más delicados de la secundaria: la dificultad para sostener continuidad pedagógica. La escuela puede tener diseños curriculares, planificaciones y propuestas de enseñanza, pero todo ese andamiaje se debilita si los estudiantes faltan, si los vínculos se interrumpen, si las clases se fragmentan o si la presencia en el aula no alcanza para garantizar participación real.
El informe también ubica entre los problemas más extendidos la falta de exigencia académica y la desmotivación docente. La primera remite a un debate sensible: cuánto debe exigir la secundaria, cómo debe hacerlo y qué condiciones necesita para que la exigencia no se transforme en expulsión encubierta. La segunda muestra que el malestar no se limita a los estudiantes: también atraviesa a quienes enseñan, muchas veces en escenarios marcados por sobrecarga, cambios normativos, demandas sociales crecientes y pérdida de reconocimiento.
Allí aparece una de las tensiones centrales del diagnóstico. Durante años, buena parte del debate educativo se movió entre dos polos: flexibilizar la escuela para evitar el abandono o recuperar exigencia para mejorar aprendizajes. El relevamiento muestra que, para muchos educadores, la discusión no puede resolverse con consignas simples. La secundaria necesita sostener trayectorias, pero también recuperar sentido académico. Necesita incluir, pero sin vaciar de contenido la experiencia escolar.
El propio informe plantea que la falta de motivación estudiantil atraviesa a las instituciones de manera transversal, más allá del tipo de gestión, estructura social o ubicación geográfica. Es decir, no aparece solo como un problema de escuelas vulnerables, ni exclusivamente como consecuencia de carencias materiales. Se trata de un fenómeno más amplio, vinculado con transformaciones culturales, formas de socialización juvenil, crisis de autoridad pedagógica, cambios en las expectativas familiares y nuevas maneras de relacionarse con el conocimiento.
Una escuela que discute el futuro, pero tropieza con problemas cotidianos
El documento advierte que el debate sobre la secundaria se desarrolla en dos planos. Por un lado, la discusión sobre la escuela del futuro, atravesada por la inteligencia artificial, la tecnología y los cambios en el mundo del trabajo. Por otro, una conversación menos glamorosa pero más urgente: la de los problemas cotidianos que condicionan la vida escolar, como el ausentismo, la falta de motivación, la baja exigencia, la escasa articulación entre materias o el débil acompañamiento familiar.
Esa doble agenda es clave para leer el informe. La secundaria necesita actualizarse, pero no puede hacerlo sobre una base debilitada. Hablar de innovación pedagógica tiene sentido, pero solo si la escuela logra retener la atención, garantizar presencia, construir vínculos y sostener una propuesta de enseñanza exigente y posible.
El relevamiento muestra, además, que los docentes no rechazan toda transformación. De hecho, el 74,2% considera que deberían profundizarse las metodologías activas en la enseñanza secundaria, y el 62,1% sostiene que la currícula oficial limita, en alguna o gran medida, la introducción de innovaciones pedagógicas en el aula. También predomina una mirada favorable hacia la integración pedagógica de las tecnologías: frente al debate por los celulares, la opción con mayor adhesión es incorporarlos con sentido educativo, por encima de la prohibición o la restricción total.
El problema, entonces, no parece ser una resistencia automática al cambio, sino la desconfianza frente a reformas que no siempre logran responder a las condiciones reales de las escuelas. Una cosa es pedir innovación; otra, garantizar tiempo, formación, recursos, acompañamiento institucional y reglas claras para que esa innovación no quede reducida a una consigna.
También aparece con fuerza el debate sobre la repitencia. El informe señala que el 60,8% de los educadores está en desacuerdo con reemplazar la repitencia por un sistema de aprobación por materias, aunque casi un tercio todavía apoya esa medida. La diferencia por contexto es significativa: el respaldo crece en escuelas más pequeñas y de menor nivel socioeconómico, donde llega al 37,3%, frente al 17,1% en sectores medio-altos.
El dato confirma que la repitencia sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la reforma secundaria. Para algunos, repetir no garantiza aprendizajes y puede agravar el abandono. Para otros, eliminarla sin mecanismos sólidos de recuperación puede profundizar la baja exigencia y degradar el valor de la acreditación. Entre esas dos miradas se mueve buena parte del conflicto actual.
El tamaño de las escuelas también importa
Uno de los hallazgos más interesantes del informe es que el tamaño institucional influye en la percepción de los problemas y en la valoración de los cambios recientes. Las escuelas con menos de 100 alumnos presentan menores niveles de desmotivación docente, menos dificultades asociadas a la articulación entre asignaturas y menor percepción de falta de materiales, con brechas que superan los diez puntos respecto de las instituciones más grandes. Además, tienden a valorar de manera más positiva las reformas implementadas en los últimos años.
Ese dato abre una pregunta relevante para la política educativa: la escala también educa. En escuelas más pequeñas puede ser más fácil conocer a los estudiantes, seguir trayectorias, detectar ausencias, articular equipos y construir acuerdos institucionales. En cambio, las escuelas de mayor matrícula suelen enfrentar dinámicas más complejas: más cursos, más docentes, más fragmentación horaria, más burocracia y mayor dificultad para sostener un seguimiento personalizado.
La discusión no es menor para provincias con realidades territoriales heterogéneas, donde conviven grandes instituciones urbanas, escuelas técnicas de alta matrícula, establecimientos rurales, secundarias orientadas y propuestas con poblaciones reducidas. El informe no permite sacar conclusiones específicas por provincia, pero sí ofrece una clave de lectura para pensar cómo las políticas homogéneas pueden fallar cuando no contemplan la escala, el territorio y el perfil social de cada institución.
La propia introducción del documento advierte que las percepciones docentes varían según región, nivel socioeconómico, tipo de gestión, tamaño institucional, cargo y antigüedad. En otras palabras: no hay una sola escuela secundaria, ni un único problema, ni una reforma capaz de resolverlo todo.
Familias, autonomía y evaluación
El informe también muestra que la escuela secundaria enfrenta una relación ambivalente con las familias. El 58,2% de los educadores percibe un bajo nivel de involucramiento familiar en las trayectorias educativas. Esa proporción trepa al 73,1% en escuelas de nivel socioeconómico bajo y al 63,7% en las de gestión estatal. Sin embargo, esa demanda de mayor acompañamiento no necesariamente se traduce en apoyo a una mayor participación de padres y madres en decisiones institucionales.
De hecho, el 70,6% rechaza que las familias participen en la selección de equipos directivos, y el 47,5% se manifiesta en desacuerdo con su intervención en la definición y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. La paradoja es evidente: se reclama más presencia familiar, pero se marcan límites cuando esa presencia implica poder de decisión dentro de la escuela.
Otro eje fuerte es la autonomía institucional. Según el relevamiento, el 91% del personal educativo identifica al menos un área que podría mejorar con mayor autonomía. El mayor consenso aparece en las prácticas educativas vinculadas al mundo del trabajo, donde el 72% considera que una mayor autonomía tendría efectos positivos.
La autonomía aparece así como una promesa, pero también como un riesgo. En escuelas con más recursos, equipos consolidados y mejores condiciones de gestión, podría permitir propuestas más flexibles, pertinentes y conectadas con el contexto local. En instituciones de menor nivel socioeconómico, en cambio, el informe detecta mayores dudas y cautelas, probablemente por el temor a que la autonomía derive en nuevas responsabilidades sin recursos suficientes.
En materia de evaluación, el documento identifica uno de los pocos consensos amplios: el 65,2% del personal educativo consultado está algo o totalmente de acuerdo con implementar una prueba nacional estandarizada y opcional al finalizar la secundaria, orientada a evaluar aprendizajes en lengua, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales.
Ese respaldo no elimina las discusiones sobre cómo medir, qué hacer con los resultados o si deben publicarse por escuela, pero sí muestra que buena parte de los educadores reconoce la necesidad de contar con información más clara sobre los aprendizajes al cierre del nivel.
Una crisis de sentido
Más allá de cada indicador, el informe deja planteada una conclusión de fondo: la secundaria argentina no enfrenta solamente un problema de rendimiento o de organización. Enfrenta una crisis de sentido. Para demasiados adolescentes, la escuela parece haber perdido capacidad de interpelación. Para muchos docentes, las reglas de evaluación, acreditación y promoción cambiaron sin siempre fortalecer la enseñanza. Para los equipos directivos, la gestión cotidiana se volvió más compleja. Y para las familias, el acompañamiento escolar en la adolescencia parece menos claro, más distante o más difícil de sostener.
La pregunta no es si la secundaria debe cambiar, sino cómo hacerlo sin profundizar los problemas que ya tiene. El informe sugiere que las reformas homogéneas, diseñadas desde arriba y aplicadas sin leer la diversidad institucional, difícilmente alcancen. La escuela secundaria necesita políticas diferenciadas, más autonomía con recursos, evaluación con sentido pedagógico, propuestas más activas, vínculos más sólidos con el mundo del trabajo y una discusión honesta sobre exigencia, asistencia y aprendizajes.
El dato de la desmotivación estudiantil debería funcionar como una alarma. No porque los adolescentes sean “el problema”, sino porque la escuela parece estar diciendo, a través de sus docentes y directivos, que necesita nuevas herramientas para volver a convocarlos.
En tiempos en que la agenda pública suele reducir la educación a resultados de pruebas, paros, salarios, infraestructura o reformas normativas, el informe vuelve sobre una pregunta más elemental: qué ocurre dentro del aula cuando el estudiante está, pero no se siente parte; cuando asiste, pero no se involucra; cuando promociona, pero no necesariamente aprende; cuando la escuela contiene, pero duda sobre cuánto exige.
La secundaria sigue siendo una de las instituciones más importantes para ordenar la vida juvenil, construir ciudadanía y abrir oportunidades. Pero el diagnóstico de los educadores deja claro que su desafío principal no está solo en modernizarse. Está, antes que nada, en recuperar su capacidad de enseñar con sentido, exigir sin expulsar y sostener trayectorias reales en un contexto social cada vez más fragmentado.
“Pantallazo”
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