El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respondió a la intimación de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y cuestionó los argumentos del Gobierno nacional sobre el impacto de los paros en las universidades, al sostener que las casas de estudios están garantizando el funcionamiento del sistema y que la crisis se origina en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).
En la nota enviada al responsable de la subsecretaría, titulada “Cumplan la ley”, las autoridades universitarias afirmaron que las casas de estudio “permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas” con sus actividades académicas, científicas y administrativas, y buscaron desactivar uno de los ejes del planteo oficial, que advertía sobre la necesidad de “asegurar la continuidad pedagógica” frente a las medidas de fuerza que se registran hace casi un mes.
En su lugar, el CIN puso el foco en el trasfondo del conflicto y apuntó directamente al Poder Ejecutivo. Señaló que el “escenario de extrema precariedad” que atraviesa el sistema universitario responde al “incumplimiento presupuestario del Estado” nacional, que genera limitaciones en el funcionamiento y conflictos salariales.
En respuesta a la exigencia de presentar, en un plazo de 48 horas, informes y planes para “dar continuidad” a clases y mesas de exámenes, el organismo calificó el plazo como “irrazonable” y rechazó el pedido, al considerar que se trata de un requerimiento “difuso”, sin sustento normativo.
Además, defendió la autonomía universitaria y remarcó que, debido a ese principio, las decisiones sobre calendarios, evaluaciones y modalidades de cursado se definen dentro de órganos como el CIN o las mismas universidades.
“Nuestras instituciones continuarán, como lo han hecho históricamente, arbitrando todos los medios a su alcance para preservar la educación pública, asegurar el funcionamiento institucional y garantizar derechos”, sostuvo el Consejo.
En el cierre de la nota, las autoridades universitarias reiteraron “su disposición al diálogo institucional, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de la autonomía universitaria y de las leyes vigentes; así como su convicción de que la defensa de la educación pública exige asumir el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional”.
