El regreso de Mario Peyer a la intendencia de Caraguatay reavivó un escenario cargado de tensión política y judicial. Luego de tomarse una licencia en el marco de una causa por presunto abuso sexual, el jefe comunal salió públicamente a dar su versión de los hechos por primera vez.
Peyer contraatacó, negó categóricamente la acusación, aseguró contar con pruebas que lo respaldan y denunció la existencia de una “operación política” en su contra. “Soy víctima de un atropello”, afirmó, en declaraciones a Canal 12.
La causa, que continúa en trámite, se originó a partir de la denuncia de una trabajadora del Concejo Deliberante. Si bien aún no hay una resolución definitiva, el fiscal solicitó el sobreseimiento al no encontrar pruebas de abuso, luego de peritar celulares y realizar allanamientos en la Municipalidad y el Concejo.
Horas antes de la denuncia
Peyer relató que la jornada previa había viajado a Montecarlo junto a su pareja para comprar regalos destinados a trabajadoras del municipio por el día de la secretaria. Aseguró que también decidió incluir a una secretaria del Concejo Deliberante “para que no se sienta mal”, pese a no depender directamente de su área.
Al día siguiente, ya en el edificio municipal, afirmó haber entregado los presentes sin que ocurriera ningún hecho fuera de lo habitual. “Me agradeció, me dijo que era un lindo gesto”, señaló. También mencionó una breve recorrida por el lugar y una conversación vinculada a tareas edilicias antes de retirarse.
Para el intendente, ese episodio fue completamente cotidiano y está lejos de la situación denunciada. “Tengo pruebas para demostrar que todo esto fue una gran mentira”, insistió.
“Una maniobra política”
Uno de los puntos más sensibles de su defensa fue la denuncia de un supuesto trasfondo político. Peyer no solo rechazó los hechos, sino que fue más allá y sugirió que la causa fue impulsada con intencionalidad.
“Esto empezó en diciembre, cuando los concejales revirtieron una elección de presidente de LLA que fue mal hecha. Hubo un empate y la señora Gularte, que era mi primera concejal, en ese momento, se cambia a La Libertad Avanza”, explicó.
Según su relato, a partir de ese episodio se desató el conflicto: “Cambian al presidente del Concejo y la abogada de la oposición me apunta con el dedo y me dice ‘esta me vas a pagar, soy abogada penalista y me encanta el quilombo’. Hoy resulta ser la abogada querellante de la denunciante. Y también resulta que la primera testigo es la concejal Norma Gularte”.
En esa línea, aseguró que desde el inicio interpretó la denuncia como una maniobra en su contra: “Cuando me enteré le dije al fiscal ‘qué cama me armaron’”. Y fue aún más duro al referirse a la causa: “Ellos armaron tan bien la causa, no entiendo cómo la señora (denunciante) se presta para esto. Expuso a la hija”.
“En pueblo chico nos conocemos”, dijo.
Peyer aseguró que llevará a la Justicia con nombre y apellido a los que participaron de la maniobra. Y recordó que le anticiparon que la interna política iba a escalar al plano judicial. “Hay un trasfondo político muy fuerte. Me advirtieron que estaban armando algo en mi contra”, afirmó, y agregó: “Hay gente que sabía 20 días antes de lo que me iban a acusar”.
La situación judicial
En relación con la investigación, Peyer aseguró haber colaborado plenamente con la Justicia. “Entregué mi teléfono con absoluta confianza”, dijo, y sostuvo que los peritajes no encontraron elementos en su contra.
Según su versión, el fiscal no halló pruebas suficientes para avanzar en una acusación firme e incluso solicitó el sobreseimiento. Sin embargo, la causa no está cerrada y continúa su curso, lo que mantiene abierto el escenario judicial.
Este punto es clave: mientras la defensa del intendente busca instalar la idea de una denuncia sin sustento, el proceso aún no llegó a una definición, lo que genera incertidumbre tanto en el plano institucional como político.
No se descarta investigar a otros dirigentes ya que hubo numerosos adherentes a La Libertad Avanza el día que Gularte tomó el mando del municipio como interina.
Respaldo político
El jefe comunal también se refirió al impacto personal de la denuncia, especialmente en su entorno familiar. “No me quedan fuerzas para llorar. Mi hija está muy mal, en tratamiento psicológico”, expresó.
Al mismo tiempo, destacó el respaldo recibido por parte de la comunidad.
“La gente me ayudó a mantenerme firme”, aseguró, en lo que interpreta como un apoyo clave en medio de la crisis.
Con el fin de su licencia, Peyer volvió formalmente a la intendencia y el municipio retoma su funcionamiento con normalidad institucional, aunque en un clima de fuerte tensión política.
El caso expone no solo una denuncia grave, sino también las disputas de poder en el ámbito local. Mientras la causa sigue su curso, la pelea por el relato ya está en marcha. Y en ese terreno, Peyer cerró con una advertencia: “El que las hace las paga, no le voy a perdonar a ninguno de los que me hicieron esto”.
La definición marca el tono de lo que viene: un conflicto que difícilmente termine solo en la Justicia.
