El juez federal Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino en una resolución que se conoció horas antes de que fuera apartado de la causa por la Cámara Federal de Tucumán, en medio de un planteo por presunto conflicto de intereses.
La decisión del magistrado incluyó además la declaración de incompetencia de su juzgado para continuar con la investigación, lo que derivó en el envío del expediente al Juzgado Federal de Campana. Allí, el juez Adrián González Charvay deberá definir cómo sigue el caso y si corresponde avanzar con nuevas medidas.
El pedido de detención había sido impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, quien también solicitó el procesamiento de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino. La acusación apuntaba a supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas con una presunta defraudación a la entidad, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
Sin embargo, Argibay consideró que el planteo fiscal no cumplía con los requisitos mínimos para habilitar una investigación penal de esa magnitud. En una resolución de 39 páginas, el juez sostuvo que existía una “ausencia de un hecho concreto y específico” que permitiera delimitar con claridad los delitos investigados. En ese sentido, evaluó que la presentación del fiscal describía elementos económicos y societarios de forma “genérica y abierta”, sin precisar los contornos fácticos de las conductas denunciadas.
El dictamen de Simón incluía una reconstrucción detallada de presuntas maniobras. Según esa hipótesis, se habrían conformado estructuras empresariales vinculadas entre sí, con circulación de fondos, facturación cruzada y operaciones que, en su conjunto, podrían configurar delitos económicos. Entre los puntos señalados, el fiscal sostuvo que la AFA habría realizado pagos a empresas relacionadas con Toviggino que no habrían prestado los servicios facturados, además de detectar posibles irregularidades en operaciones con moneda extranjera.
No obstante, el juzgado concluyó que esa hipótesis resultaba “alternativa y difusa”. La falta de precisión sobre el delito precedente fue determinante para desestimar el pedido. Según el criterio del magistrado, sin poder identificar el origen ilícito de los fondos, no era posible sostener la existencia de lavado de activos.
Mientras se resolvía el rechazo de las detenciones, la Cámara Federal de Tucumán avanzó con la recusación presentada por el propio fiscal. El planteo se apoyó en un vínculo indirecto entre el entorno familiar del juez y una operación inmobiliaria bajo análisis dentro de la causa.
De acuerdo con esa presentación, uno de los inmuebles investigados había pertenecido a la hija del magistrado, lo que motivó dudas sobre su imparcialidad. Los camaristas consideraron que ese elemento era suficiente para apartarlo del expediente, al entender que existía un posible conflicto de intereses que podía comprometer la objetividad en la investigación.
La decisión de la Cámara se conoció el mismo martes en que Argibay firmó su resolución. Según fuentes judiciales, al momento de emitir el fallo el juzgado todavía no había sido notificado formalmente del apartamiento, lo que abre interrogantes sobre la secuencia de los hechos.
Con el traslado del expediente a Campana, el futuro de la causa queda ahora en manos de González Charvay, quien deberá analizar si retoma el pedido de detención o si convalida los argumentos expuestos en la resolución previa. El cambio de jurisdicción y la salida del juez original introducen un nuevo escenario en una investigación que involucra a las máximas autoridades del fútbol argentino.
