La licitación para la concesión integral del Puerto de Posadas sumó este lunes un nuevo capítulo formal con la publicación del Decreto 503, mediante el cual el Gobierno de Misiones designó a los integrantes de la comisión que tendrá a su cargo la evaluación de las ofertas que se presenten en el proceso abierto por la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA).
La medida, fechada el 1 de abril de 2026 y publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la continuidad del esquema licitatorio que la Provincia activó días atrás para avanzar con la privatización operativa de la terminal portuaria posadeña, en una apuesta por ampliar capacidad, sumar flota y reducir costos logísticos para el sector productivo.

De acuerdo al texto oficial, la comisión estará integrada por el ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, Adolfo Safrán; el ingeniero Luis Enrique Lichowski; y el presidente de APPSA, Ricardo Enrique Babiak, quien además actuará como titular de ese cuerpo evaluador.
La conformación de este equipo representa un paso administrativo clave dentro del cronograma de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/26, convocada para la “concesión integral, adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del Puerto de la Ciudad de Posadas y provisión de flete fluvial regular, por cuenta y riesgo empresario”.
En la práctica, la resolución oficial confirma que el proceso ya ingresó en una fase más concreta y operativa, luego del anuncio político realizado la semana pasada y de las definiciones brindadas por Babiak respecto de los alcances del futuro contrato.
Tal como había anticipado PRIMERA EDICIÓN, la Provincia busca transferir a un operador privado no solo la administración de la terminal, sino también la prestación del servicio de transporte fluvial regular, en un esquema pensado para escalar la operatoria actual, aumentar la frecuencia de viajes y acompañar la demanda exportadora de Misiones.
La semana pasada, Babiak había explicado que la meta oficial es que el futuro adjudicatario incorpore embarcaciones, barcazas, capacidad de bodega y más volumen operativo, en un contexto en el que la infraestructura ya se encuentra en funcionamiento, pero con limitaciones para absorber una carga provincial en expansión.






