La reactivación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a colocar en el centro de la escena el control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo. En ese contexto, el diputado nacional Juan Marino presentó dos ampliaciones de pedidos de juicio político ya en trámite contra el presidente Javier Milei, mientras que una tercera iniciativa fue impulsada junto a su par Pablo Todero.
Se trata de tres frentes simultáneos —discapacidad, el caso de la criptomoneda $LIBRA y la política exterior— que reabren el debate sobre la responsabilidad política del jefe de Estado y su gabinete.
Discapacidad: el eje con mayor impacto social
El primer proyecto, firmado por Marino y Todero, solicita iniciar el proceso de juicio político contra Milei y el ministro de Salud, Mario Iván Lugones, por presunto mal desempeño y posible comisión de delitos vinculados a la gestión del sistema de discapacidad.
Según la presentación, el Poder Ejecutivo habría incurrido en desfinanciamiento y desatención del sector, con medidas que afectarían derechos reconocidos por leyes nacionales y tratados internacionales.
Entre los puntos cuestionados se mencionan la suspensión de pensiones no contributivas, la falta de pago a prestadores, la interrupción de tratamientos y el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, además de decretos y resoluciones que, según los legisladores, ya fueron objetados en sede judicial.
El planteo pone el foco en el impacto concreto de las decisiones oficiales sobre uno de los sectores más vulnerables.
Caso $LIBRA: nuevas acusaciones y mayor gravedad
En paralelo, Marino presentó una ampliación del pedido de juicio político vinculado al caso de la criptomoneda $LIBRA, incorporando nuevos elementos surgidos en los primeros meses de 2026.
El legislador suma como fundamentos el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara baja, revelaciones judiciales y publicaciones periodísticas, que —según sostiene— agravan las causales ya existentes.
El texto menciona la promoción presidencial del token, presuntos acuerdos económicos con sus impulsores, comunicaciones previas y posteriores al hecho y documentación que indicaría pagos millonarios vinculados a la intervención del mandatario.
A partir de estos elementos, la presentación introduce hipótesis de delitos como cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, elevando el nivel de gravedad política y judicial del expediente.
Política exterior bajo cuestionamiento
El tercer proyecto amplía otro pedido de juicio político centrado en la política exterior y de defensa del Gobierno.
La iniciativa cuestiona el respaldo institucional del Ejecutivo a acciones militares de Estados Unidos e Israel, así como declaraciones públicas que -según los autores- habrían posicionado a la Argentina como parte beligerante en un conflicto internacional.
Además, se señalan la firma de acuerdos y compromisos militares sin autorización del Congreso y decisiones adoptadas en foros internacionales, entre ellas el voto en contra de una resolución de Naciones Unidas que condenaba la esclavitud como crimen de lesa humanidad.
El planteo introduce un eje institucional: los límites del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.
Qué puede pasar ahora
Con la comisión nuevamente en actividad, los expedientes deberán ser analizados en su etapa inicial para determinar su admisibilidad. En caso de avanzar, se abriría un proceso investigativo que podría escalar en el ámbito legislativo.
La presentación simultánea de los tres proyectos no solo amplía el alcance de las acusaciones, sino que vuelve a instalar el juicio político como herramienta de confrontación y control en el escenario parlamentario.
En un contexto de alta tensión política, el Congreso se prepara para debatir no solo los contenidos de las denuncias, sino también el alcance de los mecanismos institucionales frente al accionar del Poder Ejecutivo.
Fuente: parlamentario.com
