La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y reclamó una intervención urgente del Estado nacional.
A través de una carta enviada al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos advirtieron que el sector enfrenta una crisis económica “de extrema gravedad”, producto del retraso y la insuficiencia en los fondos estatales destinados a su funcionamiento.
Según detallaron, esta situación genera un fuerte desequilibrio financiero que ya impacta en aspectos esenciales de la atención, como la alimentación de los residentes, el acceso a medicamentos y el pago de salarios al personal que brinda asistencia diaria.
El Episcopado remarcó que en los últimos días la problemática ganó visibilidad, aunque subrayó que se trata de una tarea “silenciosa y generosa” que sostienen estas instituciones, muchas veces con recursos limitados, para acompañar a personas en situación de alta vulnerabilidad.
Entre los casos más críticos mencionaron a los hogares del Cottolengo Don Orione, donde la continuidad de la atención de unas 1.200 personas con discapacidad se encuentra en riesgo inmediato. Allí, indicaron, los aportes de organismos nacionales no se actualizan desde fines de 2025, mientras los costos operativos siguen en aumento.
Los obispos alertaron que las consecuencias de este escenario ya son concretas: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, dificultades para admitir nuevos residentes y un progresivo deterioro en la calidad de las prestaciones. En muchos casos, señalaron, se trata de personas que requieren asistencia integral para actividades básicas de la vida cotidiana.
En ese marco, recordaron que en mayo del año pasado ya habían advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.
“Ante la angustiante situación actual queremos pedirle encarecidamente el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”, indica el texto enviado al titular de la cartera sanitaria nacional.
Asimismo, destacaron que estas obras impulsadas en gran medida por comunidades religiosas y organizaciones civiles constituyen un patrimonio social clave, y remarcaron que el cuidado de la vida y de los más vulnerables es un principio esencial para cualquier sociedad.
La Comisión Ejecutiva reclamó una respuesta que permita garantizar la continuidad de estos servicios, y expresó su disposición al diálogo para avanzar en una solución que alivie la situación de las instituciones, las familias y las personas afectadas.
“Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”, señalaron los obispos.
El documento lleva las firmas de Marcelo Colombo, presidente del Episcopado; Ángel Rossi, vicepresidente primero; Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, secretario general.
