El Gobierno nacional dispuso el reemplazo obligatorio de válvulas antiguas en garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), tras detectar que parte del sistema todavía opera con componentes fabricados hace más de seis décadas y técnicamente superados.
La decisión, oficializada a través de la Resolución72/26 de la Secretaría de Energía, pone el foco en un elemento clave pero poco visible para los usuarios: las válvulas de maniobra que regulan el flujo de gas en envases de 10 y 15 kilos, de uso masivo en hogares sin conexión a la red.
El diagnóstico es contundente. Según informes técnicos del propio organismo, existen válvulas fabricadas entre 1960 y 1971 que continúan en circulación. Se trata de modelos tipo “Universal” que, por su antigüedad, presentan desgaste acumulado y ya no cumplen con los estándares actuales de seguridad. A esto se suma un problema adicional: en muchos casos, los fabricantes originales ya no existen o no están registrados, lo que impide garantizar repuestos o trazabilidad en eventuales reparaciones.
En un sistema que manipula gas inflamable bajo presión, ese escenario incrementa el riesgo potencial de fallas, fugas o incidentes. Con ese argumento, el Gobierno avanzó en una medida de alcance nacional que obliga a su reemplazo progresivo.
El esquema definido establece un plazo máximo de cinco años para retirar completamente estos componentes. Sin embargo, el proceso no será inmediato: las empresas fraccionadoras -responsables del envasado y distribución del gas- deberán presentar en un plazo de 180 días un plan detallado de sustitución, que deberá ser aprobado por la Subsecretaría de Hidrocarburos. Recién a partir de esa aprobación comenzará a correr el plazo total.
La implementación quedará bajo la órbita de ese organismo, que tendrá a su cargo tanto la evaluación de los planes como el control de su cumplimiento. La norma también fija un punto de cierre claro: una vez vencido el plazo, no podrán circular garrafas que conserven esas válvulas. De lo contrario, las empresas quedarán expuestas a sanciones previstas en el régimen vigente para la actividad.
Aunque la medida está dirigida al sector empresarial, su impacto alcanza de forma directa a millones de usuarios que dependen del gas envasado. En lo inmediato, no implica gestiones ni cambios para los consumidores, ya que el recambio será absorbido por la cadena de producción y distribución. No obstante, el proceso podría derivar en mayores controles y ajustes logísticos a medida que avance la renovación del parque de envases.
Más allá de lo operativo, la resolución expone una situación estructural: la persistencia de componentes críticos con más de medio siglo de uso en un sistema sensible. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por una intervención gradual, que busca equilibrar la mejora en las condiciones de seguridad con la continuidad del abastecimiento.
Claves de la medida
- Se deberán reemplazar válvulas de garrafas con más de 60 años de antigüedad
- Afecta a envases de 10 y 15 kilos de GLP
- Plazo máximo de cinco años para completar el recambio
- Las empresas tienen 180 días para presentar un plan de sustitución
- Habrá sanciones si, vencido el plazo, siguen en circulación
