La crisis institucional en la localidad de Caraguatay sumó en las últimas horas nuevos capítulos que agravan el clima de incertidumbre: despidos en el municipio, denuncias de persecución política y la interrupción de servicios básicos como la recolección de residuos.
El escenario se desató tras la asunción de la intendenta interina Norma Graciela Gularte, quien quedó al frente del Ejecutivo local luego del pedido de licencia del jefe comunal Mario Peyer, que fue denunciado por abuso sexual.
A poco de asumir, la dirigente -que llegó a concejal por la renovación en la misma lista de Peyer y luego se pasó a La Libertad Avanza- avanzó con una serie de medidas que generaron fuerte malestar interno.
El caso más visible es el despido de la directora de Acción Social, Nancy Lezcano, quien recibió una notificación formal donde se le comunica la rescisión de su contrato por “cambios estructurales en la administración municipal”. La decisión se tomó el 19 de marzo y se comunicó el 20.
Sin embargo, la exfuncionaria rechazó los argumentos y denunció irregularidades en el procedimiento. “Lo único que me dijeron es que necesitan gente de confianza. No me dieron una explicación coherente”, sostuvo en declaraciones radiales a FM Show. Además, aseguró que no firmó la notificación y que continuará en su puesto, al considerar que la medida carece de sustento legal.
El episodio encendió alarmas dentro del municipio. Desde el Concejo Deliberante, su presidente Gustavo Fleitas confirmó el despido y advirtió sobre el clima que se vive puertas adentro.
“Parece una cacería de brujas. La idea era mantener el lineamiento de la gestión hasta que se resuelva la situación del intendente, pero eso se desvirtuó”, afirmó.
Fleitas también señaló que existe preocupación entre los trabajadores municipales ante la posibilidad de nuevas desvinculaciones. De hecho, el cuerpo deliberativo aprobó una resolución para garantizar la estabilidad laboral del personal, en respuesta a los temores expresados por empleados.
Aunque no hay confirmación oficial sobre un plan masivo de despidos, trascendió que la gestión estaría revisando la estructura municipal, bajo el argumento de detectar irregularidades en la nómina y reorganizar funciones.
Servicios paralizados
En paralelo, la crisis también impactó en la prestación de servicios esenciales. Este 20 de marzo, la Municipalidad informó la suspensión temporal de la recolección de residuos en toda la localidad.
Según el comunicado oficial, la interrupción se debe a la imposibilidad de acceder al camión recolector y a otras herramientas necesarias para el funcionamiento del servicio. Desde el Ejecutivo señalaron que la situación es ajena a la voluntad de la gestión y que se están realizando gestiones para normalizarla.
No obstante, la medida generó preocupación en la comunidad, ya que la acumulación de residuos comenzó a hacerse visible en distintos sectores del pueblo.
Clima enrarecido
El contexto general combina tensión política, disputas internas y decisiones administrativas que impactan directamente en el funcionamiento del municipio. Más aún cuando empiezan a circular versiones no confirmadas que ponen en duda la denuncia contra el intendente y vinculan a dirigentes de LLA en la maniobra.
A la par de los despidos, también surgieron denuncias sobre el ingreso de personas ajenas a la estructura municipal, vinculadas al espacio político de la intendenta, lo que alimenta las sospechas de un recambio de personal con criterio partidario.
Todo esto ocurre en un escenario ya de por sí complejo, atravesado por la investigación judicial que involucra al intendente en uso de licencia y por una transición que, según dirigentes locales, debía ser transitoria y de continuidad administrativa. Peyer solo tomó licencia por 30 días.
Lejos de estabilizar la situación, las primeras decisiones de la gestión interina parecen haber profundizado el conflicto. Mientras tanto, en Caraguatay crece la incertidumbre entre trabajadores y vecinos, que observan cómo la crisis política comienza a traducirse en problemas concretos en la vida cotidiana.
