La crisis institucional en el municipio de Caraguatay sumó este viernes nuevos capítulos tras la denuncia por presunto abuso sexual contra el intendente Mario Darío Peyer. El jefe comunal anunció que pedirá licencia mientras avanza la investigación judicial, aunque el proceso de reemplazo institucional todavía no se concretó por falta de quórum, por lo que el Concejo Deliberante recién tendrá su sesión especial el próximo lunes a las 11.
La causa judicial se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, a cargo del magistrado Leonardo Manuel Balanda Gómez, quien dispuso distintas medidas de investigación luego de que una empleada del ámbito municipal denunciara al intendente por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas.Según el testimonio de la denunciante, una mujer de 31 años que trabaja en el Concejo Deliberante local, los episodios de acoso habrían comenzado en julio del año pasado y derivado en un presunto abuso ocurrido en septiembre dentro de una oficina del edificio legislativo municipa
Pedido de licencia
En ese contexto, Peyer comunicó públicamente que solicitará licencia en su cargo mientras avanza la causa judicial. El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde aseguró que se pondrá “a entera disposición de la Justicia”.“
En virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”, expresó el jefe comunal.
En el mismo mensaje sostuvo que confía en que la Justicia “fallará a favor de la verdad” y calificó la acusación como “grave y falaz”
La decisión llegó luego de que el gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, reclamara públicamente que el intendente se apartara del cargo para permitir que la investigación avance sin interferencias.
“Solicito al intendente de Caraguatay que pida licencia y se ponga a disposición de la Justicia”, había expresado el mandatario provincial días atrás.
Inspección judicial
En paralelo al pedido de licencia, la Justicia dispuso nuevas medidas en el marco de la investigación.
Durante las últimas horas se realizó una inspección ocular en el edificio del Concejo Deliberante de Caraguatay, ordenada por el juzgado interviniente.La diligencia tuvo como objetivo principal verificar si el edificio cuenta con cámaras de seguridad y determinar la existencia de registros de videovigilancia que puedan resultar útiles para la causa. Según trascendió, la medida buscó relevar posibles elementos probatorios que permitan reconstruir lo ocurrido en las dependencias municipales señaladas en la denuncia.
Durante el procedimiento también se revisaron otros aspectos del lugar que podrían aportar información relevante para la investigación, auqneu se trató principalmente de una verificación técnica sobre la existencia de sistemas de seguridad y eventuales registros fílmicos.
Sin quórum
El Concejo Deliberante había convocado para este viernes a una sesión extraordinaria con el objetivo de tratar la licencia del intendente y definir el mecanismo de reemplazo en el Ejecutivo municipal.Sin embargo, la reunión no pudo realizarse porque no se alcanzó el quórum necesario.
De los cinco concejales que integran el cuerpo legislativo local, solo dos se presentaron en el recinto, cuando el reglamento exige al menos tres para iniciar la sesión.Ante esta situación, la convocatoria quedó sin efecto y se prevé que el Concejo vuelva a reunirse el próximo lunes por la mañana para abordar formalmente el tema y resolver el escenario institucional.
Quién asumiría la intendencia
De acuerdo con el esquema institucional previsto para estos casos, la conducción del municipio podría quedar en manos de la concejal Norma Gularte, quien ocupa el primer lugar en la lista legislativa vinculada al intendente y se encuentra en la línea de reemplazo.Gularte, enfermera de profesión, ingresó al Concejo en la misma lista electoral que llevó a Peyer a la intendencia, aunque posteriormente se alineó políticamente con el espacio de La Libertad Avanza.
Si el Concejo Deliberante formaliza el corrimiento institucional, la edil quedaría al frente del Ejecutivo municipal de manera provisoria mientras se resuelve la situación del intendente.
Cabe señalar que el municipio de Caraguatay, ubicado en el departamento Montecarlo sobre la ruta nacional 12 y a unos 178 kilómetros de Posadas, cuenta con una población cercana a los cinco mil habitantes.
La denuncia contra Peyer fue presentada a fines de febrero y posteriormente ratificada ante la Justicia. Tras escuchar el testimonio de la denunciante, el juzgado dispuso medidas de protección para la víctima, entre ellas una restricción de acercamiento hacia el intendente y su entorno.
