A más de un año de uno de los peores desastres de infraestructura en la historia reciente de Brasil, la difusión de nuevas imágenes reavivó el impacto social y judicial del colapso del puente Juscelino Kubitschek, que unía los estados de Maranhão y Tocantins sobre la ruta BR-226.
Los registros, que comenzaron a circular con fuerza en redes sociales durante los últimos días, muestran con crudeza el instante exacto en que la estructura cedió el 22 de diciembre de 2024. Las imágenes, captadas por el sistema de monitoreo de un camión de la empresa Generación Express, exponen lo que ya es señalado como el “momento cero” de la tragedia: el asfalto que se quiebra en cuestión de segundos y la cabina del vehículo que es literalmente tragada por el vacío abierto sobre el río Tocantins.
El material audiovisual se convirtió en una pieza clave dentro del proceso judicial impulsado por familiares de las víctimas, quienes reclaman responsabilidades a las autoridades por presuntas fallas en el mantenimiento de la estructura. En paralelo, volvió a instalarse el debate sobre el estado de las denominadas “obras de arte especiales”, como puentes y viaductos, en distintas regiones del país.
El derrumbe ocurrió en un domingo de alto tránsito, en plena antesala de las fiestas de fin de año. El puente, inaugurado en 1961, ya presentaba signos visibles de deterioro que habían sido advertidos por vecinos y dirigentes locales semanas antes del colapso.
Al menos diez vehículos cayeron al río, entre ellos tres automóviles y un camión que transportaba ácido sulfúrico, lo que generó una alerta ambiental temporal en la zona. El saldo fue de 14 personas fallecidas. El único sobreviviente rescatado con vida fue el camionero Jairo Silva Rodrigues.
Minutos antes del derrumbe, un concejal de la zona había registrado en video las grietas en la base del puente. Sin saberlo, terminó captando en tiempo real el inicio de la tragedia. Un año después, el 22 de diciembre de 2025, se inauguró una nueva estructura que restableció la conexión clave entre ambos estados. Sin embargo, el impacto del desastre persiste: las familias de las víctimas continúan en busca de justicia y los pescadores de la región aún sufren las consecuencias de la contaminación y los escombros que alteraron su actividad cotidiana.
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