El anuncio del Gobierno nacional de dar de baja desde abril unos 900 mil planes sociales y reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral abre un escenario de incertidumbre en las provincias. En Misiones, el impacto potencial alcanza a más de 36 mil beneficiarios y pone en juego un volumen significativo de recursos que hoy dinamizan economías de los municipios.
El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Fernando Meza, explicó en la FM 89.3 Santa María de las Misiones que el programa “Volver al Trabajo”, que será discontinuado, concentra en el territorio misionero a unas 36.500 personas. Se trata, detalló, de una población comprendida entre los 18 y los 49 años, considerada laboralmente activa y que hasta ahora realizaba contraprestaciones en distintos espacios comunitarios.
Según describió, esos beneficiarios se desempeñaban en cooperativas de construcción, tareas de mantenimiento urbano, proyectos socioproductivos y espacios de primera infancia. A cambio, percibían una transferencia mensual de 78 mil pesos que, si bien no cubre la canasta básica, representa un ingreso relevante en numerosos hogares.
El funcionario advirtió que la eventual salida de este esquema implicará un fuerte golpe en términos económicos. Estimó que el flujo de dinero asociado a ese universo en la provincia ronda los 2.800 millones de pesos mensuales, distribuidos en los 79 municipios. Ese movimiento, sostuvo, tiene incidencia directa en el consumo y en la actividad de cada localidad.
“Son más de 36 mil beneficiarios y el impacto económico es de 2.800 millones de pesos mensuales”, precisó, al tiempo que remarcó que esa masa de recursos llega a sectores que hoy enfrentan un contexto adverso.
En esa línea, contextualizó la medida nacional dentro de un escenario de recesión y retracción del empleo. Indicó que el mercado laboral muestra signos de debilitamiento, con empresas que reducen personal o frenan incorporaciones, lo que complejiza aún más la transición hacia esquemas basados exclusivamente en capacitación, como pretende la administración Milei.
Contención en Misiones
Frente a este panorama, Meza señaló que la provincia busca posicionarse con una propuesta propia. Explicó que se pondrá a disposición la red de instituciones ya existentes, como escuelas de formación profesional, espacios educativos para adultos y la Universidad Popular, con el objetivo de transformarlas en nodos de capacitación para los futuros beneficiarios del sistema de vouchers. El planteo incluye además la posibilidad de articular con el sector privado para facilitar la inserción laboral posterior.
En ese sentido, mencionó experiencias en rubros como construcción en seco, electricidad o servicios, donde empresas podrían participar en la formación y eventual contratación de mano de obra.
“Ofrezcamos la estructura existente y pensemos incluso en que ese beneficio pueda utilizarse como parte del salario en una etapa inicial”, propuso, al describir una alternativa que busca amortiguar el impacto del cambio de política.
Al mismo tiempo, aclaró que no existe aún una definición clara sobre la implementación operativa del nuevo esquema en las provincias, lo que añade incertidumbre sobre los pasos a seguir por parte de los actuales titulares del programa. “¿Por qué no pensar en algún momento de que se pueda utilizar por un tiempo determinado el beneficio de este programa social como parte del salario?”, propuso, en referencia a un esquema que funcione como incentivo para las empresas.
En paralelo, el titular de la cartera social señaló que la demanda de asistencia viene en aumento. Indicó que en los últimos meses se registró un crecimiento cercano al 40% en comedores de las principales ciudades, lo que refleja un deterioro en los ingresos de muchas familias. Esa situación, sostuvo, obliga a reforzar la red de contención mientras se buscan alternativas de inclusión laboral.
