Myrian Vera y Juan Carlos Marchak, enviados especiales
Tras varias décadas de actividad forestal en territorio misionero, la presencia de la multinacional Arauco, que posee aproximadamente 233 mil hectáreas (un 8% del territorio provincial), arroja sombras sobre la soberanía territorial, la protección de los recursos hídricos y la sostenibilidad de las comunidades locales.
Recientemente, por una denuncia de hostigamiento a mbya guaraníes ubicados en territorios en disputa en Puerto Libertad, la empresa viene siendo objeto de debate sobre el modelo que propone; pero para comprender no solo la metamorfosis que sufrió el paisaje del norte misionero, lo cual ya trasciende lo visual, sino también para calar hondo en la estructura económica y social de la provincia, PRIMERA EDICIÓN recorrió, consultó a expertos, habló con campesinos y se reunió con los integrantes de la aldea Okä Porã para documentar la situación en dicha región.
“Después de muchos años trabajando en la provincia, la evaluación que podemos hacer de Arauco es negativa en muchos sentidos, incluso si nos ponemos a dialogar en los mismos términos que plantea la compañía”, dijo a este Diario el abogado especialista en derecho ambiental y docente en la UNaM, José Luis Fuentes, para quien, lo que se inició como una “promesa de progreso forestal, hoy puede ser señalado como un modelo de impacto negativo en términos sociales, económicos y ecológicos”.
Para Fuentes, uno de los puntos más críticos fue el cambio en las fases de explotación. El prototipo original, pensado para el desarrollo local incluía el raleo, es decir, la extracción de los pinos menos desarrollados para la industria celulósica.
“Arauco desapareció del raleo… hoy la multinacional aplica un modelo de autoabastecimiento que hizo desaparecer actividades y empresas, pagan menos mano de obra, hay mayor densidad por hectárea y esta mayor densidad tiene mayores impactos ambientales”, explicó quien también está al frente de la cátedra Introducción a Derecho Ambiental en la carrera de Guardaparques de la facultad de Ciencias Forestales.
Este cambio técnico que señaló Fuentes no es menor. Según estudios referenciados del CONICET, la mayor densidad de pinos por hectárea impide el crecimiento del sotobosque al bloquear la luz solar y eliminar la conectividad necesaria para la avifauna.
“Las aves tenían una mayor relación cuando había raleo porque podían transitar hacia el monte nativo con menos obstáculos”, detalló el experto, tras marcar además que en términos económicos “la rentabilidad corporativa creció en proporción inversa a la rentabilidad provincial y la generación de empleo, además de que es la población local la que convive con los fuertes impactos ambientales”, sostuvo.
“Si miramos qué pasa hoy en el norte provincial, el sector forestal está sumido en una crisis muy importante. Veremos que en la actualidad los pequeños y medianos productores reciben un valor irrisorio de la materia prima. Antes de Arauco, en esa región había un modelo que buscaba desarrollar, con varias fases, esas comunidades en los alrededores de la actividad, hoy basta con dar una vuelta por Puerto Libertad y sus zonas de influencia para ver que en los hechos no hubo desarrollo ni empleo para su gente. Al contrario, con la llegada de la multinacional todo fue cambiando y actualmente la realidad económica y ambiental de lo que era un polo de desarrollo está atravesada por ese impacto negativo”.
El municipio “extranjerizado”
Misiones tiene dos realidades en cuanto al territorio, por un lado es la provincia con mayor cantidad de pequeños productores per cápita de todo el país; cerca de un 20% de su población es rural, cuando la media nacional es de un 7% y por ello la tierra colorada es el mejor distrito argentino en ese sentido. Paradójicamente, al mismo tiempo, la situación va empeorando por la extranjerización de la tierra y ahí se ve el otro polo de Misiones: es el territorio con mayor porcentaje de tierra extranjerizada, ya que roza el 13,8% según el relevamiento que se hizo a partir de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. De ese total en manos ajenas, Arauco es dueño del 8%.
Por ello, a lo largo de la charla, el especialista planteó varias aristas a considerar entre ellas que “la situación de Puerto Libertad es la más alarmante en términos de soberanía”.
“Con un 80% de su superficie en propiedad de Arauco, se posiciona inclusive como uno de los municipios más extranjerizados del país”, dijo enfático.
Si bien no es ilegal que una empresa sea dueña de tierras, sí lo es superar los límites de la Ley de Tierras Rurales que lo estipula en un 15%. No obstante aunque la normativa vino a poner límites en la compra que venía haciendo Arauco, no es “retroactiva”, por lo tanto no la obligó desprenderse de lo que ya tiene, sino solamente a no adquirir más.
“En términos de soberanía territorial, municipios como Puerto Libertad presentan niveles de extranjerización de la tierra que, aunque podrían colisionar con el espíritu de la Ley de Tierras Rurales, está amparada porque no cambia situaciones hacia atrás de su aplicación. Si bien tuvieron reveses, como fue la expropiación de las 600 hectáreas de Puerto Piray (resultado del proceso de lucha campesina en 2013 que logró la Ley XXIV-11, que permitió transferir tierras de la empresa multinacional Arauco a pequeños productores), en los hechos le terminaron expropiando solo 200 hectáreas”, puntualizó.
“Esta forma de adquisición fue limitando el desarrollo urbano y la soberanía sobre recursos estratégicos como el Acuífero Guaraní. Otra cosa, se observa una preocupante falta de cumplimiento en las distancias mínimas de protección de cuencas hídricas (200 metros de bosque nativo en el perilago del Uruguay-í), conforme lo exige la Ley XVI – N° 105”, citó Fuentes.
Y luego prosiguió: “En Puerto Libertad la gente no tiene dónde vivir, porque sí o sí se choca contra la propiedad de la multinacional, a la que no le interesa desarrollar al pueblo”.
“Además, en todo esto hay una cuestión soberana sobre la que hay que discutir: quiénes son los dueños de todo al final. Porque acá estamos ante un grupo extranjero que posee el 80% de la tierra de un municipio. Son dueños de la tierra, ¿y del agua que está debajo? ¿es de ellos o es nuestra?”, se preguntó el referente, tras marcar el contexto global donde el agua dulce -como la del Acuífero Guaraní-, es un recurso estratégico que está en disputa global.
“La concentración de tierras bajo propiedad transnacional plantea un interrogante sobre el futuro de los misioneros y de los argentinos también ¿cómo nos vamos a relacionar con el agua que está debajo de las tierras que le pertenece a Arauco?”, repreguntó.
“Hoy se está discutiendo la Antártida en el mundo porque son reservas de agua dulce ¿y acá?”, interrogó.
La crítica de Fuentes se profundizó tras citar el pensamiento del papa Francisco quien describe estas circunstancias como un “nuevo colonialismo”, es decir un sistema de saqueo que se presenta con “buenas intenciones”, pero resulta en la pérdida de riqueza para los pueblos. “No oponernos a este saqueo que hace Arauco, a este impacto en nuestra casa común… es un pecado”, sentenció Fuentes.
“Cuando se produjo su llegada la mayoría dijimos ‘bueno, esto va a dar trabajo, va a tener impacto positivo para todos’ y en realidad lo que nos vamos encontrando es que vino a darse un saqueo de la riqueza de los pueblos, con múltiples impactos”, precisó.
“Hoy no está el bosque nativo que debería estar ahí”
Lo expuesto por el abogado José Luis Fuentes puso el foco en la Ley Nacional 26.331 (Bosque Nativo) y la Ley Provincial XVI N° 105 (ordenamiento territorial de Misiones), en vista de que en el perilago del embalse Urugua-í no se respetan los 200 metros de protección de bosque nativo.
“Si nosotros miramos hoy en Google Maps, fácilmente podemos medir que no hay 200 metros de perilago y sí vamos a ver cómo las cosechas de pinos llegan prácticamente hasta el agua. No se está respetando”, señaló sobre una presunta violación normativa a la que se suma al asedio reportado contra una pequeña comunidad indígena y la falta de respuestas ante denuncias por mortandad de fauna protegida, como el tapir.
“Un pequeño productor, a lo mejor con 10 hectáreas de pino, respeta a rajatabla los 10 metros de protección cuando el arroyo es chico o el triple del ancho cuando tiene más; mientras tanto una multinacional que tiene miles y miles de hectáreas termina haciendo cosecha hasta el borde”, cuestionó.
Ante este escenario, Fuentes reclamó que Estado recupere su rol mediador y de control para asegurar que “el modelo Arauco no sirva solo para el saqueo, sino para un desarrollo que garantice trabajo, agua limpia y dignidad para los misioneros”.
“Hoy no está el boque nativo que debería estar ahí, la conectividad que se debería generar, inclusive la protección del agua que genera ese bosque nativo y los impactos económicos que ya dijimos, porque claro que una empresa se va autoabastecer si no cumple las leyes. ¿En serio queremos seguir un modelo donde el 80% de la tierra de un municipio es de una empresa que no da trabajo y que sola se lleva toda la torta?”.
