Los docentes de CONADU Histórica concretarán el lunes 16 de marzo el primer paro universitario nacional hasta el viernes 20, para retomar las clases con normalidad el lunes 23 de marzo, en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.
Sin embargo, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, Laura Carboni, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que la propuesta impartida desde el sindicato “tiene que salir de manera nacional” y, por ese motivo, se encuentran discutiendo qué medidas se tomarán.
“Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación de la CONADU Histórica. La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos”, explicó.
Y añadió que “la medida tiene que ser ratificada por el congreso de la federación para que sea de todas las universidades nacionales”.
Por el momento, el paro convocado por la CONADU Histórica y el Gremio de los Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) será de una semana, con posibilidad de extenderse.
El reclamo por el aumento salarial está vinculado al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley aprobada en el Congreso el año pasado, vetada por el presidente Javier Milei pero reafirmada en ambas cámaras.
En cuanto al 51% que reclaman los docentes, la cifra surge de la diferencia entre los aumentos salariales, otorgados de forma unilateral por el Gobierno, y la inflación.
“Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública. La nueva maniobra del Gobierno Nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable. Planteamos la necesidad de una convocatoria a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso”, concluyó Carboni.
