El robo de mercaderías secuestradas del contrabando por efectivos de la Unidad Regional IV y otros manejos que elevarían la gravedad del escándalo denunciado ante los máximos jefes de la Policía de Misiones, podría aumentar durante las próximas horas si lo que se investiga es denunciado ante la Justicia Penal de turno.
Hasta el momento, y de acuerdo a lo que fuentes de distintas áreas y poderes confiaron a PRIMERA EDICIÓN, un comisario, jefe de una dependencia de la UR-IV alertó de las presuntas irregularidades y actos que violan la ley que autorizaría u ordenaría el segundo jefe o subjefe de la jurisdicción.
Puntualmente fue señalado por el robo de cubiertas, cajas de cigarrillos y teléfonos celulares que investigadores de Puerto Rico lograron decomisar durante la primera quincena de este mes y que las actas correspondientes fueron elaboradas pero jamás comunicadas al Juzgado Federal de Oberá, que encabeza Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quien debería intervenir y determinar el destino de lo secuestrado por tratarse de elementos provenientes de la violación a la Ley 22.415 o Código Aduanero.
La desaparición de la mercadería se habría cometido bajo la orden de Walter Daniel Olivera, subjefe de la Unidad Regional desde diciembre de 2025, pero no desligaría al jefe a cargo quien asumió con el traslado desde Eldorado con la misma jerarquía, Rubén Eduardo García. Ambos reemplazaron Gustavo Oliver Gallardo y Luis Alberto Barrios, respectivamente.
El viernes y por orden de la Jefatura de Policía, una comisión de la Dirección Asuntos Internos se desplazó hasta las oficinas de calle Laprida 1138 de Puerto Rico para iniciar las actuaciones correspondientes a un sumario para determinar responsabilidades por la desaparición de la mercadería pero también para investigar las afirmaciones de irregularidades que comprenderían delitos de mayor peligrosidad.
En los barrios costeros donde se registra u observa el ingreso de elementos contrabandeados, durante las últimas semanas comenzaron a sucederse incidentes de violencia contra las patrullas de recorridas preventivas que realiza la policía. Con disparos y piedrazos, pero también con abiertas amenazas a los investigadores policiales.
Uno de los incidentes más llamativos y cuyas identidades este Diario se reserva por seguridad, ocurrió hace diez días cuando uno de los reducidores del contrabando en el área dialogó con un comisario de la zona y lo increpó porque los estaban persiguiendo y tanto él como sus secuaces “cumplían” con el “canon” o monto de dinero que le exigía el subjefe de la UR-IV para que operaran sus “mulas” en la costa y hasta los puntos de comercialización, por ejemplo, de cigarrillos de fabricación paraguaya, neumáticos y teléfonos celulares, entre la variada gama que incluye la actividad. La denuncia del efectivo policial no fue aislada ya que provendría no solo de un experimentado oficial, también de un calificado con excelente reputación profesional y social.
“Livianita”
Respecto a la auditoría iniciada por Asuntos Internos y que hasta hoy no proyectó o derivó en ningún reemplazo o acción superior que aplaque el escándalo que se esparce en Puerto Rico, las voces consultadas se mostraron sorprendidas porque “fue livianita, faltó profundizar”, la definieron.
Recalcaron que fueron expeditivos los funcionarios policiales que intervinieron y que despertaron en sus camaradas más suspicacias que confianza en que el sumario o investigación desemboque en medidas rotundas y eficaces.
Antecedente negro
El 28 de septiembre de 2015, con cuatro condenas a prisión y tres absoluciones, finalizó el juicio a la denominada “banda de narcopolicías”, por el robo e intento de vender 123 kilogramos de marihuana, que correspondían a un secuestro de cuatro toneladas y bajo custodia desde marzo de 2012 en la seccional Primera de Puerto Rico.
Por este antecedente, vale recordar, el oficial de la Policía de Misiones, Miguel Dionisio Rojas, fue condenado a nueve años de prisión como “autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por realizarlo de manera organizada y por ser funcionario público”. También dos de sus camaradas, Oscar Javier Merlos y Pedro Betancur, a siete y seis años, respectivamente.
La causa se inició en septiembre de 2102 cuando en un yerbal de la localidad de Puerto Leoni, la Prefectura detuvo al oficial Miguel Rojas dentro de su automóvil con 123,60 kilogramos de marihuana que fueron robadas de la Sala de Armas de la comisaría Primera, donde se guardaba el secuestro realizado seis meses antes en un pinar de Ackermann, en la localidad de Capioví.
