La pulseada entre la Casa Rosada y las universidades nacionales suma un capítulo decisivo que traslada el conflicto del plano judicial al legislativo. El Gobierno decidió enviar al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, una maniobra diseñada para dejar sin efecto la norma ratificada por el Parlamento y, en simultáneo, frenar el avance de un amparo en la Justicia Federal.
Bajo la premisa de que la ley vigente es “incumplible” por su impacto en el equilibrio fiscal, la administración de Javier Milei apuesta ahora por una normativa que sea “implementable”. El objetivo es ofrecer una actualización presupuestaria que permita el funcionamiento operativo de las casas de estudio, pero bajo los parámetros de caja del Ministerio de Economía.
La decisión no es casual. El sistema universitario nacional había logrado llevar la discusión a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal a través de un recurso de amparo. Con el envío de este nuevo proyecto, el Ejecutivo busca que la Justicia considere “abstracta” la cuestión de fondo, argumentando que el Estado ya está proponiendo una solución superadora por la vía democrática.
Sin embargo, el movimiento genera suspicacias en los pasillos del Congreso. Al margen de las declaraciones de “buena voluntad”, el proyecto oficialista deberá pasar el filtro de una oposición que ya ratificó una ley el año pasado y que mira con desconfianza cualquier propuesta que no contemple la recomposición salarial docente, el punto más crítico del sistema.
El reloj de las extraordinarias
Para que esta jugada tenga éxito, el Presidente firmará esta noche la prórroga de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero. Este plazo es vital por dos razones:
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Reglamentaria: Permite cumplir con los 10 días necesarios para emitir dictamen de comisión sin pisarse con el inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.
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Política: Intenta llegar al discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa con el conflicto universitario “encauzado” o, al menos, con la pelota en el campo de la discusión parlamentaria.
Aunque el reglamento de la Cámara de Diputados indica que la ampliación del temario de extraordinarias debe ser refrendada en el recinto, en el Gobierno se valen de antecedentes previos para incluir este nuevo proyecto de forma directa por decreto.
La gran duda que queda flotando es si esta “nueva ley” será realmente una solución al desfasaje presupuestario -que en los primeros meses de 2026 ya muestra una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación- o si se trata simplemente de un parche jurídico para dilatar la aplicación de la ley que el Congreso ya sancionó y ratificó por mayoría especial.
Fuente: Agencia de Noticias NA
