La llegada de las aplicaciones de transporte entró en una etapa de definiciones legales, pero también políticas.
El Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú avanzan en una estrategia común para impedir la operación de servicios como Uber, en defensa del sistema tradicional de taxis y remises y bajo el argumento de que se trata de una actividad no regulada que perjudica a los trabajadores locales.
Durante la reciente apertura del período 2026, el intendente Claudio Filippa ratificó el rechazo absoluto del municipio a estas plataformas y se refirió al reciente fallo de una jueza correccional de Eldorado, que consideró al transporte por aplicación como una actividad entre privados y no un servicio público.
En ese marco, Filippa defendió la potestad municipal de controlar el transporte de pasajeros y buscó llevar tranquilidad al sector. La misma línea fue respaldada por el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Ríos, quien calificó el tema como urgente y adelantó que trabajarán en una ordenanza específica para impedir que las aplicaciones operen por fuera de la normativa vigente. Según expresó, la intención es “proteger” a los trabajadores del volante y al conjunto de la comunidad.
Sin embargo, el debate político muestra fisuras. Existen ediles que consideran que podrían beneficiar a los vecinos y otros con una postura intermedia que plantean revisar el sistema de licencias ante la existencia de irregularidades como la acumulación o alquiler de habilitaciones, prácticas prohibidas por la ordenanza actual.
Incluso entre los propios trabajadores del volante aparecen matices. Aunque un amplio sector rechaza el funcionamiento de las aplicaciones, muchos cuestionan el régimen de paradas obligatorias, ya que deben abonar un canon mensual a los propietarios para poder trabajar, lo que consideran una carga económica injusta que favorece a unos pocos.
El eje de la disputa continúa siendo la desigualdad de condiciones entre ambos sistemas. Mientras un conductor de aplicación solo necesita registrarse en la plataforma, los taxistas y remiseros deben cumplir numerosos requisitos administrativos y técnicos para mantener la habilitación: inspecciones vigentes, seguros específicos, autorizaciones, documentación personal, libreta sanitaria y licencias profesionales, entre otros.
Con el conflicto ya judicializado y una ordenanza en preparación, Puerto Iguazú se encamina a una discusión de fondo sobre el futuro del transporte urbano. Entre la defensa del esquema tradicional, las demandas de modernización y los reclamos laborales internos, el debate promete marcar la agenda política local en las próximas semanas.
