El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de avanzar esta misma semana en su tratamiento en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone modificar el sistema penal aplicable a menores de edad y volver a debatir la baja de la edad de imputabilidad.
El texto presentado es el mismo que había sido impulsado el año pasado, aunque en esta oportunidad incorpora un punto clave que antes estaba ausente: el financiamiento necesario para su aplicación. El eje central del proyecto sigue siendo la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años para determinados delitos.
No obstante, desde la oposición dialoguista ya anticiparon que no acompañarán ese piso etario. Referentes de bloques como el PRO y la UCR señalaron que el consenso alcanzable se ubica en los 14 años, por lo que se espera que el dictamen final modifique ese aspecto durante el debate en comisión.
Uno de los puntos que generó mayores discusiones en el pasado fue la falta de recursos asignados. En este nuevo envío, el proyecto incluye una asignación presupuestaria específica que no estaba contemplada en el Presupuesto 2026. Según se informó, los fondos estarán destinados tanto al Ministerio de Justicia como a la Defensoría General de la Nación.
En el articulado se establece un monto total de $23.739.155.303,08 para la implementación del nuevo régimen, detallando cómo se distribuirán los recursos entre los organismos involucrados. Además, se prevé la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para garantizar el envío de partidas destinadas a infraestructura y funcionamiento.
El proyecto mantiene la intención de aplicar el régimen penal juvenil a partir de los 13 años en casos de delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. A su vez, fija un sistema diferenciado del régimen de adultos, con penas máximas que en la versión original del Ejecutivo podrían alcanzar hasta los 20 años de prisión.
En cuanto al proceso penal, se establece que para menores de hasta 15 años la privación de la libertad será una medida excepcional, priorizando alternativas orientadas a la resocialización. Para delitos de menor gravedad se contemplan sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño causado.
El cronograma legislativo prevé que el proyecto sea dictaminado este miércoles en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto. La intención del oficialismo es llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de febrero y avanzar con una media sanción en la Cámara de Diputados.
Fuente: Infobae
