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Turista jujeño no pudo renovar carnet de conducir por tener dos multas en Misiones

Pertenecen a radares móviles de Puerto Piray (Km 1531) y de Puerto Esperanza (Km 1586). El damnificado aseguró que no había sido notificado a pesar de haber transcurrido casi un año de la supuesta infracción.

7 febrero, 2026

Un turista de San Salvador de Jujuy, que desde hace 35 años transita las rutas de esta provincia, denunció que no puede renovar su carnet de conducir sin antes abonar 800 mil pesos correspondientes a dos multas que fueron confeccionadas sobre la ruta nacional 12, en Misiones, por, supuestamente, haber transgredido el límite de velocidad, de las que no fue notificado.

Luis Muratore (73) relató a PRIMERA EDICIÓN que, al concurrir a renovar su licencia de conducir, que vencía el 24 de enero de 2026, le informaron que tendría que abonar 800 mil pesos por dos multas de la provincia de Misiones, de las cuales nunca fue notificado. A raíz de ello, se contactó con la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (UACI) de Misiones, desde donde le enviaron las actas a través de Whatsapp. De esta manera constató que ambas multas corresponden a dos radares móviles: uno en Puerto Piray (Km 1531) y el restante en Puerto Esperanza (Km 1586). A su entender, lo llamativo del caso es que entre los tramos de las actas “de la supuesta infracción hay 55 kilómetros y tardé 59 minutos en recorrer el tramo promedio a 56 Km/h, demostrando que no hay velocidad excesiva”.

Comentó que el 8 de marzo de 2025 recorrió la ruta 12 de Norte a Sur y que transita por la provincia desde hace 35 años, ya que tiene amigos en Posadas y los visita todos los años. “Siempre lo hago con absoluta prudencia y disfruto de los paisajes sin apuro alguno”, acotó, quien, en esa ocasión, lo había hecho acompañado de su esposa y de su hijo que es profesional de turismo, “siempre atentos a las numerosas señales de tránsito ya que Misiones tiene la particularidad que hay que atravesar por una gran cantidad de pueblos y ciudades que, si bien son atractivas turísticamente, dificultan y mucho el tránsito, llegando a ser un recorrido cansador, a pesar de ser corto”.

A la familia le resultó absolutamente extraño no haber percibido señales que indiquen la presencia de radares móviles de acuerdo a la reglamentación, que es bien clara: “letreros de advertencia sobre la mano que está el radar y enconado cada 100 metros desde 700 metros antes de la presencia del mismo y, fundamentalmente, la velocidad a la que se debe recorrer el tramo. En ese sentido la Ley Nacional es clara en cuanto a los límites de velocidad en ruta 110, 120 y 130, según la categoría de caminos que se transite”.

Aseguró que en todo el trayecto “no hubo ningún control de documentación, carnet de conducir, cédula de vehículo, VTV, póliza de seguro y lo que es más importante, control de alcoholemia”. Navegando en Street View, por la referida ruta nacional 12, “descubrí cómo están operando los móviles que tienen un radar escondido en su interior y envío fotografías donde se ve claramente que desde el cruce de ingreso a la nueva terminal de ómnibus de Puerto Piray y hasta donde comienza la tercera faja (trocha) para superar camiones y hasta el letrero que se ve en la fotomulta no hay ningún cartel de indicación de velocidad. También envío imágenes del móvil que esta estacionado debajo de un árbol, a la mano izquierda, con tres conos adelante y un cono a la mano derecha, a 20 metros de la ubicación del móvil. Consultando la web son numerosos los antecedentes de reclamos sobre la irregularidad del radar de Puerto Piray”.

El secretario de la Cámara de Turismo de la Provincia de Jujuy (período 2017-2021) manifestó su “desilusión e indignación por el accionar del personal de seguridad vial de la provincia, porque las multas deben ser para corregir e incrementar la seguridad vial, no para recaudar”. Muratore relató que escuchó y observó a través de la red social YouTube “declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Consejo Provincial de Seguridad Vial Misiones, Juan Carlos Cuenca”.

Aseguró que Misiones “es la provincia más radarizada del Norte y tiene el doble del índice de siniestros viales de Argentina. Dice el funcionario que donde hay radares no hay accidentes cuando éstos cubren escasamente el 1% del trayecto de la ruta 12. Los misioneros conocedores de los lugares frenan y aceleran después, a velocidades superiores a la permitidas. Los únicos controles efectivos son con radares por tramo”.

El viajero considera que “Misiones merece otra impronta, es una provincia bellísima. Este problema se conoce en todo el país y no contribuye en forma positiva. Pido a las autoridades que reflexionen. Esta es una queja fundada con pruebas, pero es también una contribución para que mejore. Es el deseo de alguien que ama el turismo” y que, como consecuencia de este problema, está impedido de disfrutar de sus vacaciones anuales “porque no puedo renovar el carnet de conducir”.

Tags: MisionesMultasRadaresRuta Nacional 12Seguridad vialturismo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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