Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar casi 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El documento oficial reveló que durante 2022 la compañía registró pérdidas por más de $30.000 millones, en un contexto de graves falencias administrativas, debilidades en los controles internos y una estructura sobredimensionada.
El desmanejo en la administración de Corredores Viales S.A. derivó, primero, en la intervención de la empresa, dispuesta por el presidente Javier Milei, y en una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo. En paralelo, el Gobierno avanzó con la privatización total de Corredores Viales, que tiene como fin último la disolución de la empresa.
De acuerdo con el Informe de Situación Empresaria, aprobado en septiembre de 2023, la compañía administra y opera aproximadamente 5.900 kilómetros de rutas nacionales en distintas provincias, entre ellas Misiones, con una dotación de 4.097 empleados al cierre de 2022. El capital social está distribuido entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%).
Números en rojo
El dato más contundente del informe es el resultado económico: una pérdida neta de $30.047.931.000 en 2022, más del doble que el déficit de 2021, que había sido de $12.852 millones. A pesar de que el tránsito en las 42 estaciones de peaje aumentó un 17,2% interanual, alcanzando casi 196 millones de vehículos, los ingresos por peajes cayeron un 7%, en parte por el atraso tarifario.
El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, lo que dejó en evidencia que los costos operativos superaron ampliamente a los ingresos. Para sostener la operatoria, el Tesoro Nacional transfirió $14.619 millones durante ese ejercicio, de
Irregularidades y falta de control
La SIGEN fue todavía más dura al analizar el funcionamiento interno de la empresa. En al menos siete auditorías, el organismo de control detectó “debilidades en el sistema de control interno”, especialmente en los circuitos de compras y contrataciones, recaudación, pagos de tesorería, gestión de recursos humanos, tecnología de la información, inventario de activos fijos y viáticos.
Uno de esos informes derivó en la intervención del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N.° 12, a cargo de Ariel Lijo, que desde el año pasado investiga presuntas maniobras irregulares en la compañía.
También se detectaron erogaciones por más de $128 millones vinculadas a la anterior concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial, y demoras en la modernización del sistema de percepción de peajes, en parte por trabas a la importación de equipos.
“Una empresa cara e ineficiente”
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sigue de cerca la situación de Corredores Viales. Su director ejecutivo y responsable del área de transparencia, Jorge Zatloukal, fue categórico al ser consultado por Infobae: “Es una empresa cara e ineficiente. El 70% de la red vial está en condiciones pésimas, existe opacidad y una planta de personal sin funciones claras y sobredimensionada. Es una estructura paralela a Vialidad Nacional”.
“Se debe volver a las buenas prácticas que supo tener Vialidad Nacional, que construía y mantenía rutas con los recursos del impuesto a los combustibles. El esquema de peajes es inviable si solo sirve para cortar el pasto. Sin rutas libres, no hay libertad”, agregó.
Fuente: Infobae.
