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UATRE advierte que la crisis salarial expulsa a trabajadores rurales de Misiones y pone el foco en la paritaria

El gremio alertó por la pérdida de más de 30 puntos del poder adquisitivo, el techo salarial y la falta de controles. La negociación paritaria se realizará el lunes.

5 febrero, 2026

La crisis que atraviesan los trabajadores rurales de Misiones volvió a quedar en primer plano en la antesala de una nueva reunión paritaria. Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtieron que el deterioro salarial, la precarización laboral y la falta de controles estatales están generando un escenario cada vez más crítico, con consecuencias sociales visibles, como la migración de peones rurales hacia Brasil.

El subdelegado provincial del sindicato, Carmelo Rojas, cuestionó con dureza el esquema de paritarias con techo salarial, que -según señaló- impide cualquier intento de recomposición real de los ingresos. “Cuando las cosas van mal, los empleadores hacen socios a los trabajadores de las pérdidas; pero cuando las cosas van bien, no hay traslado a los salarios”, afirmó, al describir una dinámica que, aseguró, se repite en distintas actividades productivas de la provincia.

Rojas recordó que incluso en sectores donde los propios productores reconocieron valores favorables -como ocurrió con la yerba mate- se registraron incumplimientos generalizados de las escalas salariales, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.

Según el dirigente, el sector enfrenta un “combo de factores en contra” que golpea de lleno a los trabajadores rurales. Entre ellos, destacó el tope paritario cercano al 1% mensual, muy por debajo de la inflación real. “En 2024 y 2025 hubo meses con subas de precios del 8, 10 o hasta 12%, mientras a los trabajadores se les fijaba un límite del 1% o menos”, explicó. Esa diferencia, afirmó, provocó una pérdida acumulada de más de 30 puntos en los ingresos.

El impacto no se limita a una sola actividad. Desde UATRE señalaron que la situación atraviesa a la yerba mate, el sector forestal, el citrus y otras economías regionales, en un contexto donde los costos de combustibles, servicios, energía, fletes y alimentos se liberan, pero los salarios permanecen congelados.

Otro eje central del planteo sindical fue la ausencia de controles laborales efectivos. Rojas rechazó los discursos que responsabilizan a los gremios o a las condiciones de trabajo por la informalidad. “El Estado tiene todas las herramientas para fiscalizar. Si no se controla es porque no hay decisión política”, sostuvo, al tiempo que aclaró que el sindicato puede denunciar y acompañar, pero no tiene facultades para inspeccionar ni sancionar.

En ese escenario, el dirigente alertó sobre el crecimiento de la migración laboral hacia Brasil, un fenómeno que -según afirmó- dejó de ser ocasional para convertirse en estructural. “Hoy se van trabajadores del centro de la provincia, incluso familias enteras. En Oberá vemos gente que se fue el año pasado y ya no volvió”, describió. Muchos, añadió, solo permanecen en Misiones cuando existen impedimentos de salud o familiares, aceptando salarios muy por debajo de lo establecido.

De cara a la reunión paritaria prevista para el próximo lunes, que se realizará de manera virtual, Rojas llamó a los trabajadores rurales a mantenerse en alerta. “Estamos defendiendo a la familia rural, el derecho a una alimentación básica y a condiciones laborales dignas. Si este modelo continúa, vamos a seguir expulsando trabajadores de las chacras y profundizando la desigualdad”, concluyó.

Tags: Crisis SalarialEconomías regionalesMisionesParitariasTrabajo ruralUATRE
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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