La provincia de Corrientes atraviesa un escenario financiero delicado, marcado por el sobregasto registrado durante el último año electoral y por una creciente tensión entre el Gobierno provincial y los municipios. Mientras se busca evitar un default mediante la colocación de bonos de deuda, desde distintas intendencias advierten una reducción en el envío de fondos provinciales, incluso en distritos alineados políticamente con la gestión actual.
Según trascendió, el Banco de Corrientes comenzó a vender bonos de deuda provincial como una vía indirecta de financiamiento, en un contexto de desequilibrio fiscal. De acuerdo con una fuente cercana al Congreso nacional citada por el medio El Destape, Corrientes “es el caso testigo de cómo el presidente Javier Milei envía dinero de manera indirecta, comprando deuda a través de los bancos provinciales”, con el objetivo de evitar que la provincia incurra en default.
Este mecanismo aparece como respuesta a un balance comprometido por el fuerte gasto que implicó la campaña electoral por la gobernación. En ese marco, se señala que la Nación mantiene una deuda con Corrientes por 142 millones de pesos, sin contar el acumulado correspondiente a 2025, lo que agrava la situación financiera provincial.
El rol del banco provincial resulta central para comprender la relación política entre el gobernador Juan Pablo Valdés y el Gobierno nacional. Consultado sobre su vínculo con la Casa Rosada, el mandatario sostuvo en declaraciones a radio Sudamericana que “estoy seguro de que el presidente, en algún momento, le va a decir a los argentinos exactamente cuál es el plan para salir adelante”, mientras los representantes correntinos acompañaban con su voto el Presupuesto 2026.
En este contexto, el Gobierno provincial respaldó la mayoría de los proyectos impulsados por la administración nacional, aunque hasta el momento no obtuvo definiciones favorables en cuestiones sensibles para Corrientes, como el financiamiento de la obra pública paralizada y la situación del Instituto de Previsión Social.
El ajuste comienza a sentirse con mayor fuerza en los municipios. Desde la oposición política aseguraron que la reducción en el envío de fondos no resultó sorpresiva, incluso en comunas gobernadas por dirigentes afines al oficialismo provincial. Según esta mirada, el problema central no radica únicamente en la merma de recursos nacionales, sino en el sobregasto acumulado por la propia provincia.
Esta lectura fue respaldada por un informe del Ministerio de Hacienda de la Nación, que señaló un déficit acumulado de 180.000 millones de pesos en los últimos tres trimestres en las cuentas provinciales. El documento refuerza las advertencias sobre la fragilidad fiscal y la necesidad de ajustes para recomponer el equilibrio financiero.
Tras la campaña electoral que encabezó el ex gobernador Gustavo Valdés para impulsar la llegada de su hermano a la conducción provincial, desde la oposición también se remarcó que muchos municipios incrementaron su gasto por encima de sus posibilidades. De los 74 municipios que integran la provincia, más de 60 forman parte del espacio Vamos Corrientes, y varios de ellos enfrentan ahora la necesidad de readecuar sus presupuestos tras haberse excedido en sus finanzas.
El impacto del ajuste no se limita a la administración municipal. La restricción de recursos también afectó a la obra pública provincial y alcanzó a eventos masivos y festivales históricos, que debieron ser suspendidos por decisión del Gobierno de Gustavo Valdés. A esto se suma el recorte de programas nacionales considerados clave para la contención social, cuyos efectos comienzan a ser absorbidos por la propia provincia.
(Fuente: El Destape)
