En este comienzo de año, el caso Trump-Maduro concita toda la atención; sin embargo, el Gobierno no se aparta de su agenda. Con la Ley de Presupuesto en el bolsillo, su objetivo inmediato es la postergada reforma laboral, que será debatida el 10 de febrero, donde no solo se espera una jornada caliente en el Congreso, sino también en las calles con una CGT que promete encabezar una nueva movilización.
Para que no se repita el escenario de diciembre, la Casa Rosada mantiene activo su “plan de seducción” (léase envío de fondos por diferentes canales) a los gobernadores, sobre todo los llamados “peronistas convencibles” y que las centrales obreras ya miran con total desagrado. Pero esto no es todo: Hay una línea que pretende recuperar cierto grado de credibilidad con los sindicalistas dialoguistas. La intención es que la iniciativa llegue a la Cámara Alta para su tratamiento sin la amenaza de medidas de fuerza.
Bullrich admitió que el proyecto “sufrirá cambios”
Quien se sinceró fue la senadora Patricia Bullrich, que reconoció que el proyecto sufrirá modificaciones antes de llegar al recinto, agregando que “hay mucha gente que sabe que la Argentina necesita un cambio laboral” y aseguró que el Congreso aprobará la reforma laboral.
Apuntó que la alta informalidad laboral es uno de los principales motores del debate, por lo que muchos legisladores coinciden en la necesidad de generar un nuevo marco normativo para los trabajadores, que hoy no cuentan con derechos básicos ni perspectivas de jubilación en el mediano plazo.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado desmintió que la postergación del tratamiento de la reforma hasta febrero se debió a una falta de apoyos en la Cámara alta. Explicó que “sacamos el dictamen el último día hábil antes de Navidad, pero había que leer la ley completa y cambiar cosas. No estaba todo consensuado”, y aseguró que se priorizó garantizar un debate más ordenado antes que una aprobación apresurada.
Se corrió Sturzenegger: ¿canal de diálogo con la CGT?
Bullrich reveló que la decisión del Ejecutivo fue evitar un escenario de conflicto parlamentario y se preguntó: “¿Qué prefiero, demorar un mes o tener una ley rápida?”. Añadió que tras una consulta entre distintos sectores del gabinete se decidieron por diferir el debate para avanzar con mayor solidez luego de la aprobación del Presupuesto y otras iniciativas clave.
Adelantó que el trabajo legislativo se retomará a partir del dictamen ya aprobado y admitió que “hay cambios para hacer, pero los vamos a hacer con conciencia del tiempo que lleva redactar una ley que va a ser muy específica”. Habrá que ver por dónde pasan esas modificaciones y si están relacionadas con las propuestas y rechazos que hizo llevar la CGT, tanto en documentos a funcionarios como a la prensa.
Otra decisión de la Casa Rosada fue correr al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enemigo declarado de las centrales obreras, recobrando cierto protagonismo el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Las dos CTA ya convocaron a marchas y hay gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, UOM (metalúrgicos) y Neumáticos que anunciaron paros por 24 horas. La Fraternidad propuso que la CGT realice una huelga por 48 horas por lo que la posibilidad de que se paralicen los trenes es una realidad.
Preocupación por la caída de los salarios y los despidos
La reforma laboral libertaria propone, entre otros puntos, la reducción de aportes patronales, un nuevo sistema de indemnizaciones mediante un Fondo de Asistencia Laboral, la ampliación del período de prueba, la flexibilización de vacaciones y jornadas laborales, cambios en los convenios colectivos, limitaciones a las huelgas y beneficios fiscales para las empresas.
Una fuente del gobierno avisó a iProfesional que “en los últimos días del mes estarán las modificaciones al proyecto, con la intención de un debate más factible y sin tanta pirotecnia en la comisión” y subrayó que “los nuevos interlocutores como Santilli, Menem y Santiago Caputo (asesor presidencial), le hicieron llegar a los dirigentes que la intención del gobierno no es eliminar al sindicalismo, sino incorporarlos a la gestión”. El interlocutor con los gremialistas es el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Desde las filas cegetistas insisten en que la iniciativa es inviable y que no aceptarán la “quita de derechos”. Uno de los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, manifestó su “enorme preocupación” por la caída del poder adquisitivo y el cierre de PyMEs con “miles de despedidos y suspendidos”.
Reiteró que la reforma laboral que impulsa Javier Milei es una “experiencia de laboratorio” que ignora la realidad de la producción; afirmó que la iniciativa “no va a generar más empleo” y que, por el contrario, vulnera derechos individuales y colectivos fundamentales.
“Antes que la reforma laboral debe estar la reforma tributaria pensada hacia la producción”, afirmó.
Derecho a huelga, cuotas solidarias y Fondo de Cese
Ahora bien, cuáles son los puntos que la Confederación General del Trabajo podría discutir. “El derecho a huelga es innegociable, porque está en la Constitución y es una herramienta fundamental en la disputa con los empresarios, principalmente en el tema salarial”, dijo un vocero gremial a iProfesional que amplió: “Si podrían aceptar ciertos límites a los bloqueos a empresas, algo que está sucediendo en la práctica con fallos judiciales que condenan a dirigentes”. Además, se podrían quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de paro.
En el capítulo de “cuotas solidarias”, si bien el artículo que afectaba esos aportes se eliminó por reclamo de la CGT, quedó otro que condiciona su pago, ya que se quitó la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de “otros aportes” y, además, hay otro artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a los gremios a pactar año tras año las cuotas solidarias, clave para el financiamiento del poder sindical.
En cuanto al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) la Casa Rosada entiende que no es compulsivo y que lo puede aplicar el sector que lo necesite, en acuerdo con el gremio de cada actividad. La fuente oficial declaró que “en el caso de la construcción (UOCRA) funciona desde hace años y sabemos que hay intención de sindicatos como Gastronómicos y Comercio, entre otros, de implementarlo”. Aquí la cuestión pasa por el financiamiento, ya que las cámaras patronales no quieren hacer el aporte y, además, habrá un desfinanciamiento de las jubilaciones y trasladando el costo al Estado.
Crítica situación de las obras sociales
Dos de los temas “fundamentales” para la CGT son la potestad de los convenios colectivos de trabajo a través de las organizaciones gremiales y no por empresas, como pretende el gobierno, y el financiamiento de las obras sociales.
En este último punto, el artículo 161 de la reforma laboral reduce la contribución patronal del 6 al 5%. Al respecto, un dirigente clave aclaró: “es una transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital, que se traduce en menos prestaciones, menor capacidad de cobertura y un deterioro progresivo de la calidad del sistema de salud para los trabajadores”.
Indicó que “este Gobierno, como los anteriores, tampoco liquida en tiempo y forma los fondos para las obras sociales, que atienden a la mayoría de la población, con una contribución al sistema de salud importantísimo” y remarcó que “ya estamos sufriendo un rojo que solo se sostiene por el aporte que hace cada sindicato”.
En cuanto a los convenios colectivos, no hay una decisión tomada. Desde un sector del oficialismo aceptaron que “es un tema irrelevante que está dentro de la disputa entre Sturzenegger y los sindicalistas” y aclaró: “Seguramente seguirá teniendo relevancia la organización gremial, pero es posible que en algunas empresas ganen protagonismo las comisiones internas”.
Una ley que profundiza el ahogo financiero de las provincias
Mientras el Gobierno y la CGT retoman las reuniones con legisladores y gobernadores por la reforma laboral, un informe del IARAF alerta sobre el perjuicio a las provincias que se esconde detrás de beneficios a empresarios.
El punto es central entre los gobernadores que le advierten a la Casa Rosada que el texto implica una profundización del ahogo financiero federal.
El estudio se concentra en las consecuencias que implica la baja del impuesto a las ganancias incluida en varios artículos del proyecto que impulsa Javier Milei.
Se analiza la rebaja de alícuotas a las empresas, la exención de pagar ganancias por el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación y el resto de modificaciones tributarias.
El cálculo suma un costo fiscal directo inicial anual del orden del 0,22% del PBI, “lo que en moneda actual serían 1,9 billones de pesos”. De este total, al gobierno nacional le corresponden $790.000 millones (0.09% del PBI) y al conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires $1,12 billones (0,13% del PBI).
Las provincias ya hacen sus propios números y los suman a la mesa de negociación con el Gobierno. El ministro del interior, Diego Santilli, comienza hoy su gira por 10 provincias para sumar respaldos a la reforma laboral. De aprobarse, el costo fiscal inicial se va a dar recién en el año 2027, cuando las empresas o personas humanas beneficiadas con la baja de impuestos presenten sus declaraciones juradas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.
Las provincias afectadas
Las tres provincias más perjudicadas serán Buenos Aires con 238.558 millones de pesos en recursos menos, Santa Fe con $97.087 millones y Córdoba con $96.459 millones. En el ministerio de economía de esta última provincia aseguran que están analizando los informes privados la respecto y el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. “Nos pega en la coparticipación”, confirman.
A las provincias la merma les va a llegar en pleno año electoral, durante mayo de 2027. Será cuando los contribuyentes empiecen a presentar sus declaraciones juradas y pagar el saldo correspondiente a 2026. Y, posteriormente, en los anticipos derivados de ese nuevo saldo.
El otro grupo de provincias afectadas es el que componen Chaco, Entre Ríos y Tucumán con una caída en su recaudación de entre 55 y 51 mil millones de pesos anuales. El senador por Chaco Jorge Capitanich calculó que el impacto de toda la reforma asciende a los 2179 millones de dólares. Varios legisladores indican que el proyecto laboral es una reforma tributaria encubierta. Los recursos que dejarán de recibir las provincias quedarán en mano de las empresas.
En línea con los argumentos de la administración libertaria, el informe señala que a largo plazo “la baja de la alícuota de ganancias va a mejorar la rentabilidad del capital propio invertido, lo que debería hacer más atractivos determinados proyectos de inversión” y “de esa manera, un mayor flujo de inversiones y el aumento de las ganancias imponibles podría más que compensar el costo fiscal inicial”, aunque señala que ese beneficio de suceder “requiere un tiempo mayor” al 2027.
