La ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada este viernes por el Senado, introduce una serie de modificaciones al sistema tributario y penal con el objetivo de incentivar la regularización de dólares no declarados y reducir la litigiosidad fiscal.
Con esta norma, el Gobierno de Javier Milei apuesta a fomentar el blanqueo de capitales adquiridos en el mercado informal, al tiempo que redefine los criterios bajo los cuales se persiguen los delitos de evasión y se fiscaliza a los contribuyentes.
La ley modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales, el Código Civil y Comercial y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, uno de los ejes centrales de la iniciativa.
Entre los puntos más destacados, establece un Régimen Simplificado de Ganancias, al que podrán adherir contribuyentes con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos. Según la explicación oficial, quienes ingresen a este esquema quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y no estarán sujetos al control de sus consumos.
En la práctica, esto implica que ARCA solo liquidará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados, sin considerar el eventual crecimiento patrimonial no declarado. De esa base imponible, además, se deducirán los consumos, lo que reduce la carga fiscal para quienes adhieran.
La ley también introduce el llamado “efecto liberatorio del pago”. El artículo 39 establece que, si el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y abona en tiempo y forma, quedará liberado de eventuales acciones penales, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
En los casos en que la denuncia aún no haya sido formalizada, la acción penal se extinguirá si el contribuyente cancela la deuda y paga un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación de la imputación.
Otro cambio de peso es la actualización de los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión. Para la evasión simple, el piso se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos. En tanto, la evasión agravada solo será considerada cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, dejando atrás el umbral previo de 15 millones.
Con esta modificación, el Gobierno busca reducir la persecución penal en casos de menor cuantía y concentrar los recursos del Estado en maniobras de mayor envergadura.
La norma reduce además el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona.
Si bien el espíritu general de la ley apunta a un relajamiento de los controles fiscales, el texto también prevé un aumento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término, buscando equilibrar los incentivos con mayores penalidades administrativas.
Con la sanción de la ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno abre una nueva etapa en la política tributaria, con un esquema que prioriza la regularización voluntaria, eleva los umbrales penales y redefine el vínculo entre el fisco y los contribuyentes.
Fuente: Agencia de Noticias NA
