En su primera sesión con la nueva conformación, y luego de aprobar el Presupuesto 2026, la Cámara de Senadores sancionó este jueves la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca incentivar la regularización de dólares no declarados y modificar de manera estructural la relación entre el Estado y los contribuyentes. Fue el último tema tratado por el Congreso en 2025 y el segundo proyecto aprobado dentro del temario de sesiones extraordinarias de diciembre.
La norma obtuvo 43 votos afirmativos, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, bloques provinciales y legisladores aliados, mientras que 26 senadores votaron en contra. No se registraron abstenciones. Entre las ausencias al momento de la votación se contaron Guillermo Andrada, Sergio Uñac y Alejandra Vigo.
El proyecto establece una reforma integral del sistema tributario y del Régimen Penal Tributario, con un eje central: la presunción de inocencia del contribuyente. En ese marco, redefine los criterios para la configuración de delitos fiscales y limita la intervención penal a los casos de “evasión relevante”, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos estatales en conductas de mayor gravedad.
Entre los puntos centrales, la ley permite la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación fiscal y fija límites claros al inicio y la continuidad de procesos penales cuando las facultades del fisco para determinar la deuda se encuentran prescriptas.
Asimismo, incorpora una presunción de veracidad de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, salvo que se detecten inconsistencias significativas, lo que apunta a reducir la discrecionalidad en las tareas de fiscalización y brindar mayor previsibilidad.
Uno de los cambios más relevantes es la actualización de los montos a partir de los cuales la evasión se considera delito. En el caso de la evasión simple, el umbral pasa de $1,5 millones a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se eleva de $15 millones a $1.000 millones. Para la evasión de la seguridad social, el piso sube de $200 mil a $7 millones, y para el uso de facturas apócrifas, de $1,5 millones a $100 millones.
La ley también crea un Régimen Simplificado de Declaración Jurada, orientado a facilitar el cumplimiento tributario, promover la formalización y garantizar que la información patrimonial declarada no sea utilizada como herramienta de persecución futura.
En el caso del Régimen Simplificado de Ganancias, se fija un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir. Los contribuyentes no deberán informar variaciones patrimoniales ni serán controlados por sus consumos. En la práctica, ARCA cobrará el impuesto únicamente sobre los ingresos facturados, de los cuales se deducirán los consumos, sin considerar el crecimiento patrimonial no declarado.
Otro punto clave de la norma es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años. Además, se establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez por persona.
Con esta sanción, el oficialismo cerró el año legislativo con una de las reformas fiscales más ambiciosas del período, que apunta a blanquear capitales, reducir la litigiosidad penal y modificar el vínculo histórico entre el fisco y los contribuyentes.
Fuente: paralamentario.com
