Misiones figura entre las provincias que resignarían recursos si el Congreso aprueba la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que incorpora una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la provincia dejaría de percibir alrededor de $35.884 millones por menores transferencias automáticas, en un escenario que vuelve a tensionar la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El impacto no será inmediato. De acuerdo con los cálculos técnicos, el costo fiscal comenzaría a sentirse recién a partir de 2027, cuando las empresas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio 2026. Sin embargo, la discusión política se aceleró porque la reforma laboral será tratada en febrero en el Senado y los mandatarios provinciales ya advierten que el esquema propuesto traslada gran parte del esfuerzo fiscal a las jurisdicciones.
La iniciativa oficial plantea una rebaja de alícuotas para sociedades, con el objetivo declarado de mejorar la rentabilidad empresaria y estimular inversiones.
En concreto, el proyecto reduce del 30% al 27% el impuesto para el segundo tramo y del 35% al 31,5% para el tramo más alto. Ese alivio tributario, según el Iaraf, tendría un costo anual cercano al 0,22% del Producto Bruto Interno, unos $1,9 billones a valores actuales. De ese total, cerca del 60% recaería sobre provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la caída en la masa coparticipable.
En números, los distritos absorberían alrededor de $1,12 billones, mientras que la Nación resignaría unos $790.000 millones.
De ese total, cerca del 60% recaería sobre provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la reducción de la masa coparticipable. En números, los distritos absorberían alrededor de 1,12 billones de pesos, mientras que el Gobierno nacional resignaría unos 790.000 millones. En ese reparto desigual, Buenos Aires sería la jurisdicción más afectada, con una merma estimada en 238.558 millones de pesos, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos. Misiones se ubica en un lote intermedio, pero el monto proyectado representa un golpe significativo para una caja provincial ya condicionada por la caída de la actividad económica por la “motosierra”.
El debate se vuelve más sensible porque la pérdida de recursos se suma a otros frentes abiertos. Las provincias vienen reclamando por la demora o ausencia de Aportes del Tesoro Nacional y, en paralelo, negocian el presupuesto 2026 en un Congreso donde el Senado suele ser el principal ámbito de presión política. En ese contexto, la reforma laboral se convirtió en una nueva pieza del tira y afloje entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales considerados dialoguistas.
Otro aspecto que alimenta la resistencia es la concentración del beneficio. Según datos difundidos por el diputado Guillermo Michel, solo el 1% de las sociedades explica más del 76% de la recaudación del impuesto a las Ganancias empresarias.
Incluso, un grupo de apenas 144 grandes compañías concentra más de la mitad del total recaudado, lo que refuerza el cuestionamiento sobre el alcance real del alivio fiscal y su impacto en el entramado productivo.
