La explotación petrolera en las Islas Malvinas dio un paso determinante con la confirmación de la “decisión final de inversión” por parte de las empresas Navitas Petroleum (Israel) y Rockhopper (Reino Unido), que prevén iniciar la producción del yacimiento Sea Lion en 2028. El proyecto, ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, contempla una inversión superior a los US$ 3.900 millones, una licencia de explotación por 35 años y una producción inicial estimada en 55.000 barriles diarios.
El interés por los recursos hidrocarburíferos en la zona no es nuevo. Desde los años setenta se habla de la presencia de importantes yacimientos, aunque durante décadas las condiciones técnicas y de mercado impidieron su explotación comercial. A lo largo del tiempo hubo rondas de exploración en los noventa, en los 2000 y ahora nuevamente, con empresas más pequeñas y asociadas. La Argentina ha protestado en todas esas instancias y mantiene, en su legislación, sanciones —hoy prácticamente en desuso— contra compañías que operen en el archipiélago bajo control británico.
La primera y única reacción oficial provino del Gobierno de Tierra del Fuego. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, expresó su “más absoluto y enérgico rechazo” al anuncio del “ilegítimo y pretendido gobierno británico” que ocupa las islas. Advirtió que no se trata de un episodio aislado, sino de una maniobra “de gravedad inusitada”, comparable únicamente con la Misión Shackleton de 1976, que derivó en la Resolución 31/49 de la ONU, la cual desalienta cualquier acción unilateral mientras la disputa siga vigente. El funcionario pidió al canciller Pablo Quirno “adoptar todas las medidas diplomáticas y jurídicas necesarias en los foros disponibles” para frenar el avance. Su posición fue respaldada por el gobernador Gustavo Melella.
#Malvinas 🇦🇷
Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresamos nuestro más absoluto y enérgico rechazo al anuncio del ilegitimo y pretendido gobierno britanico que ocupa nuestras Islas Malvinas sobre la decisión final de…— Andrés Dachary (@ADachary) December 10, 2025
En contraste, desde el Gobierno nacional no hubo hasta el momento una reacción oficial frente al anuncio. Meses atrás, Cancillería sí había emitido una advertencia a Navitas por su búsqueda de financiamiento para el proyecto, lo que generó sorpresa interna al tratarse de una empresa israelí, uno de los principales aliados internacionales del presidente Javier Milei.
El episodio coincidió con un día de controversia para el Gobierno: la Cancillería presentó un nuevo logo institucional en el que inicialmente omitió el perfil de las Malvinas, hecho que motivó críticas masivas en redes sociales y obligó a rectificar la pieza gráfica antes de su publicación formal.
La situación reavivó tensiones internas sobre la estrategia diplomática con el Reino Unido. Sectores del propio Gobierno reconocen el fracaso de la política de “cooperación” que se ensayó al inicio de la gestión, mientras Londres mantiene una política de Estado sostenida a lo largo de décadas. En ese contexto, aún no se explica públicamente por qué, a casi cinco meses del pedido de plácet, el Reino Unido no aprobó la designación del embajador argentino Luis María Kreckler, un hecho que genera especulaciones sobre posibles objeciones políticas o la intención de reemplazarlo antes de su llegada.
Aun con estas tensiones, ambos países mantienen conversaciones vinculadas a la agenda comercial y al eventual levantamiento del embargo británico sobre la venta de armas a la Argentina, un condicionante histórico para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Medios británicos sostienen que esas negociaciones avanzan e incluso mencionan un posible viaje del presidente Milei a Londres, aunque ninguna fuente oficial —ni en Buenos Aires ni en la capital británica— lo confirmó hasta ahora.
