La presentación de un proyecto para crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA) en la provincia de Buenos Aires encendió un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo provincial y el sector agropecuario. La iniciativa, impulsada por la diputada bonaerense Lucía Klug —referenciada en Unión por la Patria y cercana a Juan Grabois— propone medir y tributar las emisiones de metano atribuibles a la actividad ganadera para financiar un fondo fiduciario destinado a la gestión de residuos urbanos.
El texto establece que los productores deberían abonar un tributo calculado en función del metano generado por sus rodeos. Según la legisladora, la ganadería “contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero” y, por lo tanto, “el productor debe responsabilizarse por lo que produce”, en línea con el principio de responsabilidad extendida aplicado en otras industrias. Klug finalizará su mandato en los próximos días, pero la propuesta ya generó un amplio revuelo político y productivo.
El agro reaccionó con contundencia. Dirigentes y especialistas cuestionaron tanto la validez científica del planteo como su oportunidad económica. Para Ernesto Viglizzo —ingeniero agrónomo, doctor en ciencias ambientales y referente técnico en el tema— el proyecto presenta “falencias biológicas, fiscales y político-ideológicas”. Recordó que “todos los seres vivos producimos metano” y que el ganado bovino “representa apenas el 15% del total global”, mientras que la mayor parte proviene de actividades fósiles o industriales.
Viglizzo destacó que el proyecto “confunde fuentes emisoras y mezcla gases de naturaleza diferente” sin considerar, además, que el metano permanece en la atmósfera cerca de diez años, frente a los tiempos mucho mayores de otros gases como el dióxido de carbono. A su juicio, la iniciativa se apoya en un criterio fiscal “insólito” y se inscribe en un sesgo político que utiliza el metano “como argumento simbólico para castigar a la supuesta oligarquía vacuna”, sin contemplar la realidad de los pequeños productores rurales.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se sumó al rechazo. Su presidente, Ignacio Kovarsky, calificó la propuesta como “recaudatoria, desactualizada y técnicamente incorrecta”. Reclamó que el debate climático moderno ya no se basa en emisiones aisladas, sino en balances de carbono que incluyen la capacidad de captura de los sistemas biogénicos. “El campo realiza un servicio ambiental que nadie menciona: captura parte del CO₂ que emiten otros sectores”, afirmó.
También la Cámara Argentina de Feedlot objetó la iniciativa, al considerar que desconoce la dinámica biológica de la ganadería y que podría desalentar inversiones, incrementar costos y afectar el empleo rural. Investigadores del INTA y del Conicet coinciden en que el metano ganadero opera en un ciclo corto, donde el carbono es capturado por pasturas y suelos, por lo que aplicar métricas pensadas para emisiones fósiles puede conducir a regulaciones distorsivas.
Aunque el proyecto aún no ingresó formalmente al recinto legislativo, ya motivó pedidos de informes y reuniones entre bloques. Su futuro dependerá de si se incorporan criterios científicos actualizados y se reconocen las particularidades productivas y sociales de la provincia. Por ahora, la “tasa al metano” expuso tensiones profundas entre ambiente, economía y política, y abrió un interrogante de fondo: ¿es posible regular las emisiones sin comprender el funcionamiento real de los sistemas biológicos que se busca intervenir?
Fuente: Ámbito Financiero
