El contador público de 63 años, empleado de ARCA (ex AFIP), detenido el viernes por fotografiar y filmar a menores en pleno centro posadeño, se abstuvo de declarar este lunes ante el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, y continuará bajo arresto mientras avanza la investigación por presunta tenencia y almacenamiento de material de abuso sexual infantil (MASI). Así lo confirmaron a PRIMERA EDICIÓN fuentes judiciales vinculadas al expediente.
El sospechoso había sido arrestado a metros de la esquina de Buenos Aires y Catamarca, frente a una cafetería donde, según denunciaron los padres de una adolescente y otros testigos, grababa y tomaba fotografías de menores que caminaban por la zona. Tras la detención, los efectivos de la comisaría Primera secuestraron su teléfono celular, donde habrían encontrado imágenes compatibles con MASI, lo que aceleró la orden judicial de allanar dos inmuebles vinculados al acusado.
Los procedimientos se ejecutaron el sábado por la mañana en propiedades ubicadas sobre Tucumán y Buenos Aires, frente a la manzana de la Jefatura de Policía. En el primer departamento los investigadores confirmaron que el imputado residió hasta hace pocos días; en el segundo, donde se habría mudado recientemente, se secuestraron soportes informáticos, otro teléfono celular, tarjetas de memoria, un arma de aire comprimido réplica de una nueve milímetros y cuatro juguetes sexuales. Según los peritos, una de las memorias contenía alrededor de dos gigabytes de videos y fotografías de contenido sexual en los que se advertirían menores de edad, volumen que obligó a profundizar el análisis técnico.
La Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC), dependiente de la Procuración General, iniciará este martes la apertura forense de los dispositivos secuestrados. Los resultados serán determinantes para establecer el tipo de imputación que enfrentará el contador, especialmente si las imágenes estaban destinadas a distribución o si se trataba de tenencia, diferencia que implica escalas penales distintas. La evaluación de los especialistas informáticos de la SAIC será remitida al fiscal de Ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, quien deberá dictaminar sobre la calificación definitiva.
Por el momento, la causa continúa con una imputación provisoria por almacenamiento de MASI, a la espera de los informes finales sobre celulares y memorias. El hombre permanece alojado en la comisaría Primera, bajo resguardo y a disposición del Juzgado de Instrucción 2.
