Un suboficial de la Policía de Misiones fue detenido el martes por orden de la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, e investigado en una causa de violación a la ley 23.737 o ley de drogas.
El procedimiento para aprehenderlo fue desplegado por investigadores y efectivos del Escuadrón 50 “Posadas” de Gendarmería Nacional y se concretó en el barrio Policial, chacra 249, en la zona oeste de esta capital, comprendido por las avenidas Quaranta, Jauretche, Santa Cruz y el cauce del arroyo Mártires.
De acuerdo a las fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, el sargento ayudante detenido tiene 42 años y presta servicio en la Dirección Drogas Peligrosas, dependiente de la Dirección General de Inteligencia, de la fuerza de seguridad provincial.
El allanamiento se concretó pasadas las 7 del día mencionado en una vivienda de la calle 139, entre 164 y 166, de la chacra 249.
Según las mismas voces, el suboficial no opuso resistencia y fue llevado de inmediato a una celda del Escuadrón 50, calle Alvear y Félix de Azara en el centro posadeño. Allí quedó alojado e incomunicado a disposición de la Justicia Federal.
Se estima que hoy será llevado para ser indagado a la sede judicial respectiva de la avenida Mitre entre San Luis y Jujuy.
Respecto a la investigación, ante la gravedad y aún abierta la pesquisa sobre otros miembros de la Policía provincial, se reservaron mayores detalles. Solo se adelantó que la misma lleva varios meses y apunta al tráfico y distribución de estupefacientes.
Según otras fuentes de este Diario, el aprehendido es hijo de un comisario general retirado de la Policía de Misiones.
Silencio absoluto
Desde la Policía provincial no hubo comunicado ni información sobre el efectivo investigado y detenido y menos aún detalles o versiones sobre la situación funcional del suboficial, entiéndase pase a disponibilidad, suspensión o medidas relacionadas.
Durante toda la jornada de ayer, las autoridades guardaron silencio sobre lo sucedido. Algunas fuentes policiales manifestaron que la detención causó sorpresa entre los directores y esperan que la Justicia Federal defina si las sospechas se ampliarán a más funcionarios de seguridad.
