El sistema previsional argentino perdió más de 100 mil aportantes en el primer semestre del año y acumula un déficit de $4,5 billones a septiembre, monto que debe ser cubierto por el Tesoro Nacional, complicando aún más las cuentas fiscales.
A esta situación se suma una caída del 12% en el poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei, lo que agrava el panorama social y económico del sector pasivo. Según el Gobierno, este contexto justifica la necesidad de avanzar primero con la reforma laboral y luego con la del sistema previsional, bajo la lógica de que “si aportan menos, no se puede financiar”.
De acuerdo con datos publicados por ASAP, entre enero y junio de este año la cantidad de aportantes se redujo en 101.347, mientras que el índice de dependencia previsional -la relación entre aportantes y beneficiarios- cayó a 1,8 por cada jubilado, muy por debajo del mínimo ideal de tres a uno.
La escasez de recursos derivada de este desequilibrio impactó directamente en los haberes. El haber medio por titular en septiembre de 2025 fue de $675.510, con una caída interanual del 4,9% y una pérdida acumulada del 24% en los últimos cuatro años.
La situación más delicada alcanza a quienes dependen del bono complementario, cuyo monto máximo de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Esta medida significó una reducción efectiva de ingresos para el 52,2% de los jubilados, es decir, 3,2 millones de personas.
Para 2026, el Presupuesto nacional no prevé actualizaciones adicionales de haberes más allá de los ajustes por inflación, ni revisión del bono complementario, lo que confirma la intención oficial de licuar el gasto previsional dentro del esquema fiscal.
El informe también advierte que el aumento del 2,1% previsto para noviembre será inferior a la inflación proyectada, profundizando la pérdida del poder de compra hacia fin de año.
A esto se suma el efecto de la eliminación de la moratoria previsional, que provocó una reducción de 22.412 beneficios en el tercer trimestre de 2025, el primer retroceso desde la finalización del régimen de inclusión jubilatoria de la Ley 27.705.
Aunque el Congreso había aprobado una extensión de la moratoria por dos años, esta fue vetada por el Poder Ejecutivo, dejando sin cobertura a miles de potenciales beneficiarios.
Fuente: Agencia de Noticias NA
