El Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expuso en números el desmantelamiento de las políticas de género en el país. Según indicó la economista de Justicia Fiscal, Malena Vivanco, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, la ayuda económica (un salario mínimo) durante seis meses a las personas que acrediten violencia de género a través del Programa Acompañar pasó de 100.000 asistencias en 2023 a solo 400 en 2024 y no existe información presupuestaria sobre el programa en lo que va de este año.
Además, en el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo no están contempladas partidas para el Acompañar, la ayuda que, en la mayoría de los casos, era utilizada para que la persona salga de la casa donde generalmente convivía con su agresor. “Analizamos lo que estuvo pasando en los últimos años con el presupuesto que está destinado a la prevención y atención de violencia, principalmente cuáles eran las principales partidas o principales políticas que tenía Argentina para este tópico: el Programa Acompañar, la Línea 144 y el Programa de Protección de Víctimas de Violencia, que tenía un presupuesto más chico”.
Desplome del presupuesto
Según advirtió, “el presupuesto del Acompañar y de la línea 144 se desplomó. El Acompañar prácticamente no existe más”. Indicó que usaron 2023 como año de referencia “porque corresponde al último presupuesto aprobado por el Congreso… desde entonces, los presupuestos son de prórroga, que en términos de transparencia institucional es un problema”, advirtió.
Respecto a 2023, el presupuesto en 2024 para el Acompañar y la Línea 144 se desplomó un 90%, “y no tenemos manera de saber qué pasó en 2025 porque no hay información presupuestaria. Y en 2026 desaparece el programa porque no está dentro del proyecto del presupuesto”.
A su entender, “los que hacemos análisis presupuestario vemos no solo el desmantelamiento de los programas de la agenda de género, sino que además todo se ve en condiciones de mucha opacidad porque el Gobierno no sale a decir que hay un cambio de enfoque o que quiere hacer las cosas de otra manera (…) Eso no sucede. Todo es opacidad, incluso hacemos pedidos de acceso a la información pública y nos niegan la información”, lamentó.
Vivanco indicó que “lo mismo pasa con el presupuesto con perspectiva de género, que tenía muchas herramientas de transparencia que permitía a la ciudadanía ver día a día cómo se estaba ejecutando entrando a un sitio web abierto. Eso no se actualiza desde 2023 (…) Es esa combinación entre falta de recursos y abandono de estas políticas por parte del Estado, pero aparte que no se blanquea”, remarcó.
A la falta de recursos y al abandono de políticas se sumó un tercer componente desde el Gobierno nacional, “es el ataque directo, en términos de narrativa, en discursos públicos, nacionales e internacionales, contra la agenda de género a la que se acusó de ser la razón de la destrucción de Occidente”.
Educación sexual
La economista señaló que su línea de investigación no vincula en forma directa la desinversión en las políticas de género con su impacto social.
“Llevamos una línea específica de justicia fiscal y género. Nuestra especialidad está en presupuesto y tributación. Ese es el análisis que hacemos. Sí puedo ver a través del presupuesto qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las políticas de educación sexual integral. Sé que están invirtiendo un 3% del presupuesto, o sea, nada de lo que estaban invirtiendo en 2023 y no capacitaron a un solo docente del país”, advirtió. Esta misma desinversión sufren los Programas de Prevención del Embarazo Adolescente “que tienen hoy un 3% del presupuesto que tenían en 2020”.
“Pedimos justicia fiscal”
Según indicó Vivanco, la ACIJ buscará reunirse con la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados para presentar los resultados de este trabajo. “La idea es que llegue a la mayor cantidad de legisladores porque son los que votan sobre qué pasará con los recursos públicos”, indicó.
La economista recordó que estos recursos públicos provienen de los impuestos, “que recaen en gran parte sobre la población más vulnerable, porque el sistema tributario de Argentina es regresivo. Y estos sectores populares están feminizados, el 65% de las personas más pobres en la Argentina son mujeres. Entonces hay algo también de esos recursos, que son los recursos públicos, que tiene que volver. No estamos pidiendo un favor, que destinen plata que no sabemos de dónde sale a prevenir y asistir la violencia. Estamos pidiendo que haya justicia fiscal, que haya justicia con los recursos comunes”, remarcó.
