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Femicidios: “El Gobierno nacional es negacionista de la violencia de género”

La activista Marcela Morera, cuya hija fue asesinada hace diez años, responsabilizó a la actual gestión libertaria y denunció que la eliminación de organismos especializados dejó sin contención a miles de mujeres.

13 octubre, 2025

El doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, madre e hija asesinadas en Córdoba por el uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, volvió a exponer la gravedad de la violencia machista en Argentina. El crimen, que conmocionó al país por la brutalidad y el contexto de impunidad, reavivó el reclamo de organizaciones que acompañan a familiares de víctimas. Una de ellas es Atravesados por el Femicidio, creada en 2018 y conformada por padres, madres y hermanos que transformaron el dolor en acción colectiva.

Su fundadora, Marcela Morera, dialogó en FM de las Misiones tras conocerse el caso y cuestionó duramente al Gobierno nacional por el desmantelamiento de las políticas públicas que deberían proteger a las mujeres. Sostuvo que los femicidios se multiplican porque el Estado se retiró de la prevención y dejó a miles de familias desamparadas.

Morera señaló que los crímenes se repiten a diario y que ya no hay contención ni recursos. “Están matando mujeres todos los días, y a veces más de una”, afirmó con bronca. Remarcó que el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional implicó un retroceso que costará vidas. “No hay ningún otro Ministerio de la Mujer en la Argentina. El único que sigue es el de la Provincia de Buenos Aires porque Axel Kicillof decidió que no se desmantelara”, explicó.

La referente de Atravesados por el Femicidio aclaró que los problemas no comenzaron ahora, pero que la situación se agravó al eliminar las estructuras que habían empezado a dar respuestas. En su opinión, “no se mejora destruyendo, se mejora arreglando, cambiando las cosas”. Recordó que la organización dialogó con distintos gobiernos desde su creación, incluso con aquellos a los que no acompañaban políticamente, porque su trabajo siempre fue apartidario. “A todos les dijimos lo que teníamos que decir, y cuando había algo mal se lo decíamos”, señaló.

El cambio de administración, sin embargo, marcó un quiebre. Morera reconoció que el actual Ejecutivo no las recibió ni mostró interés en escucharlas. “No sé si serviría tampoco que nos reciba, porque es un gobierno negacionista en cuanto a la violencia de género”, sostuvo. Dijo que quienes hoy están en el poder “creen que los femicidios no existen, los travesticidios no existen, los transfemicidios no existen, pero a las mujeres las siguen matando”.

La dirigente hizo foco en la desprotección estatal y en el desfinanciamiento de los programas de asistencia. Contó que en muchos casos las víctimas tienen dispositivos de alerta que no funcionan o no se monitorean. Mencionó el ejemplo de Córdoba, donde la Policía habría ido hasta la casa de las mujeres sin ingresar pese a que el sistema de seguridad había perdido contacto. “La policía fue hasta la casa y no entró. Ya estaban muertas. ¿A qué fueron? ¿A ver la puerta? ¿De qué color estaba pintada?”, cuestionó con impotencia.

También apuntó contra la falta de herramientas tecnológicas y presupuestos. Señaló que “tienen que haber pulseras duales porque son las que le avisan a la mujer que el violento está cerca”. Explicó que eso requiere inversión, planificación y decisión política. “Cuando vos creés que la violencia de género es un mito y que las feministas estamos locas por reclamar, todo se termina destruyendo”, lamentó.

Morera sostuvo que el fenómeno crece cada verano y que las estadísticas muestran picos en los meses de calor y durante las fiestas. Aseguró que las víctimas se enfrentan a un sistema judicial que no las escucha, con funcionarios sin perspectiva de género. Describió que muchas familias llegan sin recursos ni abogados, desorientadas y con miedo, mientras los expedientes se acumulan. “No están teniendo la visión de género que se necesita para afrontar un juicio”, afirmó. Contó que los jueces desestiman pruebas y minimizan señales de violencia. “Te dicen que estaban solos y entonces no se sabe si fue él. Mi hija también estaba sola con el novio cuando la mató”, recordó con crudeza.

La fundadora del colectivo también habló del daño que sufren los hijos de las víctimas, quienes muchas veces presencian los asesinatos y quedan sin acompañamiento psicológico ni estatal. “No tienen soporte ni contención. Quedan esas cabecitas detonadas”, advirtió. Subrayó que el Estado debe incluir a los huérfanos en las políticas públicas porque “es tremendo ver cómo hay criaturas que se han criado atravesadas por el dolor”.

Morera perdió a su hija hace una década, víctima de un femicidio. Revivió ese recuerdo para mostrar la dimensión de la tragedia. “El sábado se cumplieron diez años del femicidio de mi hija. Mi hija estaba embarazada y él la mató porque no quería abortar”, contó. La joven murió tras una brutal golpiza. “La mató a golpes y a patadas. Todos los genitales y la panza”, dijo con la voz quebrada. Reconoció que “a mí me cambió literalmente la vida, a mi familia también, a todos”, y que el dolor nunca desaparece, aunque uno aprenda a convivir con él.

Antes de despedirse, Morera insistió en que la realidad es alarmante. En pocos días se registraron ocho femicidios en el país, según datos de la Casa del Encuentro. “Hace diez años atrás, cuando mataron a mi hija, en nueve días hubo cuatro. Ahora el doble. Estamos peor. Cada vez peor”, concluyó.

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Tags: FemicidiosFM 89.3Violencia de género
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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