La Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y finalmente restituida. El Gobierno se vio obligado a promulgarla mediante el Decreto 681/2025, pero su aplicación quedó condicionada a que el Presupuesto 2026 contemple fondos específicos. En otras palabras: la ley existe, pero está en pausa.
¿Qué busca esta ley?
La norma reconoce la situación crítica que atraviesan miles de personas con discapacidad y sus familias. Declara la emergencia hasta diciembre de 2026 y apunta a garantizar derechos básicos que hasta hoy se ven vulnerados. La importancia de esta ley se siente directamente en el hogar de cada persona con discapacidad.
Aquí están los puntos claves que deben conocer:
1. Pensiones No Contributivas por Discapacidad (PNC)
La ley introduce reformas significativas al sistema de PNC, buscando mejorar el ingreso y flexibilizar las condiciones de acceso y compatibilidad con el trabajo:
Actualización del Monto (Haber): Se establece que el monto de la Pensión No Contributiva por Discapacidad debe ser, al menos, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Esto representa un aumento considerable respecto a su valor previo y busca acercar el ingreso a un nivel de vida adecuado, en línea con el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Acceso y Compatibilidad con el Empleo: Un cambio trascendental es que la ley flexibiliza la incompatibilidad. Se permite que el beneficiario de la PNC pueda trabajar y percibir la pensión, siempre que sus ingresos laborales no superen un determinado tope (generalmente, dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles). Esto es fundamental para fomentar la inclusión laboral sin penalizar la búsqueda de autonomía económica.
Qué dice la normativa vigente sobre cupo laboral: La Ley 22.431 es la norma clásica que establece el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público nacional, organismos del Estado, empresas públicas y concesionarias de servicios públicos. Argentina+1.
Además, existen incentivos fiscales: por ejemplo, empleadores que contraten personas con discapacidad pueden obtener una deducción especial del 70 % de las retribuciones que pagan a ese personal en el impuesto a las ganancias. incluyeme.com
También se prevé prioridad de compras estatales: las entidades estatales deben priorizar proveedores que demuestren que emplean personas con discapacidad. incluyeme.com
Agilización y Revisión: Se ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) implementar acciones expeditivas para facilitar el otorgamiento y actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), un requisito esencial para el acceso a las pensiones y prestaciones.
2. Pago y fortalecimiento de prestadores
Este es uno de los ejes más críticos de la emergencia: evitar el colapso del sistema de servicios esenciales -terapias, centros de día, hogares, apoyos escolares, entre otros-hoy en riesgo por la mora y el congelamiento de aranceles.
Acompañantes terapéuticos, maestros integradores, psicopedagogos, transportistas y profesionales de diversas áreas trabajan con honorarios desactualizados y demoras de hasta seis meses en los pagos. Esta situación genera renuncias, recortes y la discontinuidad de tratamientos indispensables. El impacto recae directamente en las personas con discapacidad y sus familias, que dependen de estas prestaciones para garantizar salud, bienestar y posibilidades reales de evolución.
Regularización de Deudas: Se crea un régimen especial de emergencia para la regularización de las deudas que el Estado (o sus organismos de financiamiento) mantenga con los prestadores de servicios por discapacidad, incluyendo deudas fiscales y previsionales. Esto busca dar un respiro financiero a las instituciones y profesionales que brindan las prestaciones.
Compensación de Emergencia: Se establece una compensación económica extraordinaria financiada con recursos del Tesoro Nacional para los prestadores de servicios, con el fin de garantizar la continuidad inmediata de las terapias y tratamientos.
Financiamiento Obligatorio: Se impone la obligación al Poder Ejecutivo de disponer el financiamiento necesario y adecuado para el sector, estableciendo que las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos destinados a los servicios sociales en materia de discapacidad.
3. Actualización del Nomenclador y Aranceles
La ley aborda la crítica central del sector, que es la falta de actualización de los valores de las prestaciones, lo que generaba un desfasaje entre el costo real y lo que se pagaba.
Actualización Mensual de Aranceles: La ley impone la obligación de realizar un estudio de costos del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y, lo más importante, establece un mecanismo de actualización periódica de aranceles, probablemente mensual, atado a índices que reflejen la variación de los costos operativos (salarios, insumos, etc.).
Mantenimiento del Valor: El objetivo es que los aranceles de las prestaciones (determinados por el nomenclador) mantengan su poder adquisitivo y permitan la subsistencia y calidad de los servicios que brindan los profesionales e instituciones.
La promulgación y la suspensión
El camino legislativo fue complejo: el Congreso sancionó la norma, el Poder Ejecutivo la vetó, y el Congreso volvió a insistir, logrando su restitución. Finalmente, el Gobierno la promulgó mediante el Decreto 681/2025.
Sin embargo, la misma norma que la promulga introduce un freno: su aplicación queda suspendida hasta que el Presupuesto 2026 incluya las partidas necesarias para financiarla. En la práctica, la ley existe, pero está en pausa.
¿Qué significa esto para las familias?
Para miles de personas, la noticia se siente como un nuevo golpe. Los problemas que la ley buscaba resolver -recortes, demoras en los pagos a prestadores, falta de acceso a terapias, pensiones insuficientes- siguen vigentes.
Además, se abre una situación institucional delicada: el Congreso acusó al Poder Ejecutivo de desacato y hasta se presentó una moción de censura contra el Jefe de Gabinete por suspender su aplicación.
Lo que viene
Mientras tanto, las familias y las personas con discapacidad enfrentan la misma realidad de siempre: recurrir a la justicia para hacer valer los derechos que ya están reconocidos en la Constitución, en tratados internacionales y ahora, también, en esta ley.
Esta ley es un faro que guía hacia un sistema más justo. Es el resultado de la lucha incansable de miles de familias. Ahora que es ley, la responsabilidad de hacerla efectiva es de todos. El derecho a una vida digna y a la salud no puede esperar.
