El Gobierno nacional estableció nuevos mecanismos de control para la implementación de planes de retiros voluntarios u otras formas de desvinculación laboral en el sector público.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución Conjunta 50/2025, firmada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda, y publicada en el Boletín Oficial.
Según la norma, los organismos descentralizados, entidades y empresas estatales que promuevan este tipo de regímenes deberán contar con la intervención favorable previa de la Subsecretaría de Presupuesto (dependiente de Hacienda) y de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (de la Secretaría de Transformación del Estado).
En el caso de las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional Centralizada, el diseño y aprobación de estos regímenes estará a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado, con la intervención de Hacienda “en el ámbito de sus competencias”.
La resolución también dispone que las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado deberán tramitar sus programas de retiro voluntario con la aprobación previa de las mismas áreas competentes.
Los organismos que impulsen estos planes deberán adjuntar un informe detallado con la fundamentación, la dotación de personal alcanzada, las condiciones de adhesión, las modalidades de pago, la estimación de costos y la certificación de suficiencia presupuestaria.
Asimismo, deberán notificar oficialmente a las direcciones nacionales de empleo público y de inversión en capital humano la instrumentación y cada caso de adhesión, incluyendo datos como nombre, CUIL, cargo, fecha de retiro, monto total y esquema de pago.
Fuente: Medios digitales
