El primer año de gestión de Javier Milei dejó un panorama crítico para el agro argentino. Según un informe del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las políticas aplicadas en 2024 profundizaron la concentración productiva, redujeron márgenes de rentabilidad y deterioraron las condiciones de los pequeños y medianos productores, así como de los trabajadores rurales.
El documento elaborado por Diego Fernández y Ariel Benavento analiza el impacto de la megadevaluación con la que debutó el Gobierno, que duplicó el valor del dólar oficial de 367 a 800 pesos.
Esa medida valorizó en unos 3,5 billones de pesos los 35,9 millones de toneladas de granos que no tenían precio fijado, un beneficio que se concentró en grandes exportadoras y productores con capacidad de retener cosecha. Sin embargo, la inflación y las minidevaluaciones posteriores licuaron rápidamente esa ventaja.
El trabajo del CIEA detalla que, hacia mediados de 2024, el tipo de cambio real había perdido el 79% del poder de compra ganado al inicio. Al mismo tiempo, la continuidad del esquema de liquidación “blend” -80% en el mercado oficial y 20% en contado con liquidación- generó distorsiones en el ingreso de divisas. En 2024, las exportaciones del complejo oleaginoso-cerealero fueron de 34.034 millones de dólares, pero al mercado oficial ingresaron solo 24.457 millones. Incluso con el 20% permitido al CCL, se mantuvo una diferencia de más de 3.000 millones de dólares frente a lo exportado. El escenario se agravó con la baja de los precios internacionales.
La soja retrocedió 26%, el maíz 17% y el trigo 15% respecto del mes previo al cambio de gobierno. Ponderados por volúmenes, los principales cultivos registraron una caída promedio del 20,4%. Este retroceso golpeó de lleno la rentabilidad interna, en un contexto donde las retenciones permanecieron inalteradas hasta mediados de 2025: 33% para soja, 12% para cereales y 7,5% para girasol.
Luego se aplicaron reducciones que beneficiaron principalmente a los actores de mayor escala. Las simulaciones realizadas por el CIEA en la región pampeana y el NOA mostraron que en diciembre de 2024 los excedentes económicos eran inferiores a los de un año atrás en todos los cultivos analizados.
En soja, el único con margen bruto positivo para un pequeño productor, los resultados se tornaron negativos una vez descontada la renta. En maíz, los márgenes fueron negativos incluso para explotaciones de 150 hectáreas y apenas nulos en campos de 2.500. En trigo, las pérdidas alcanzaron a productores de todas las escalas, incluidos los propietarios de tierras.
El informe también subraya el impacto del ajuste fiscal sobre los organismos vinculados al agro. Mientras el gasto público total se redujo 26% en términos reales durante 2024, en la Secretaría de Agricultura, el INTA, el Senasa y el INASE la caída fue del 51%. La Secretaría de Agricultura perdió el 75% de su presupuesto y se eliminaron programas de apoyo a la agricultura familiar, incluido el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar. El INTA achicó 20% su presupuesto operativo y el SENASA un 27%. El único que incrementó sus fondos fue el INASE, bajo conducción cercana a empresas semilleras.
En materia laboral, el informe advierte que las reformas impulsadas flexibilizaron la contratación. Se extendió el período de prueba en el trabajo agrario hasta 12 meses en algunos casos, se facilitó la contratación transitoria y se promovieron figuras como la del “colaborador” sin relación de dependencia. El salario real de los trabajadores rurales en cereales y oleaginosas se desplomó tras la devaluación, con una pérdida acumulada equivalente a 2.526 dólares por obrero, aunque se registró cierta recuperación hacia mitad de año.
Estas transformaciones se complementaron con una agenda más amplia de liberalización que incluyó el intento fallido de derogar la Ley de Tierras, la propuesta de adhesión al convenio UPOV 91 -que limita el uso propio de semillas- y la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que excluye a la agricultura de sus beneficios mientras avanza sobre otros sectores estratégicos.
El balance del CIEA es categórico: los precios internacionales en baja, los márgenes negativos para la mayoría de las explotaciones, el retroceso presupuestario de los organismos de apoyo y la concentración productiva consolidaron un modelo en el que solo las grandes empresas lograron sostenerse y expandirse. En paralelo, los productores más pequeños y los trabajadores rurales vieron deterioradas sus condiciones de subsistencia.
