El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario reavivó el debate sobre el futuro de la educación superior en Argentina. Mientras la discusión política se centra en los cruces entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, la comunidad universitaria, y en particular los estudiantes, enfrentan una crisis que va más allá de un simple revés legislativo. La deserción masiva, la precariedad económica y la destrucción de la infraestructura son solo algunas de las caras visibles de un problema estructural que, según los propios alumnos, se ha profundizado en los últimos años.
Para entender la dimensión del impacto, la FM 89.3 Santa María de las Misiones dialogó con Lucas Ruiz Moreno, consejero directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM por el Frente de Estudiantes en Lucha. Con la contundencia de quien vive el problema en primera persona, Ruiz Moreno ofreció una perspectiva crítica sobre la coyuntura política y las duras condiciones que enfrentan sus compañeros en un contexto de asfixia presupuestaria.
Victoria efímera y una batalla por venir
Ruiz Moreno descartó la idea de una victoria definitiva tras el rechazo al veto presidencial. Para él, la aprobación de la ley en el Congreso no es más que el resultado de un “toma y daca” político y de la presión de las masivas movilizaciones estudiantiles y populares. Sin embargo, advirtió que la ley, una vez sancionada, debe ser reglamentada por el mismo Gobierno que, a su juicio, ha demostrado un claro objetivo de “destrucción sistemática de la universidad”.
“No nos comemos el cuento de que los legisladores se volvieron grandes defensores de la universidad pública de la noche a la mañana”, afirmó, señalando que la lucha real, la de conseguir el presupuesto necesario para revertir la situación, aún no comenzó. Su diagnóstico es claro: la pelota vuelve a estar en el tejado de un Poder Ejecutivo que, en solo dos años, redujo el presupuesto universitario en un 50%, un golpe más duro que la suma de los recortes de los ocho años de los dos gobiernos anteriores.
El impacto en las aulas: la crisis de la deserción
Más allá de los porcentajes presupuestarios, el impacto de la crisis se mide en la pérdida de estudiantes. Ruiz Moreno describe un panorama desolador: las matrículas de ingreso en la UNaM cayeron un 50%, un reflejo directo del ajuste que golpea con más fuerza a las becas y los servicios de apoyo.
El comedor universitario, por ejemplo, se mantiene en Humanidades gracias a la lucha estudiantil, pero en otras facultades fue eliminado, provocando un aumento drástico en la deserción. Para muchos jóvenes, el acceso a una comida diaria era el único factor que les permitía sostener sus estudios.
A esto se suma la dificultad de la vivienda. Los alquileres en Posadas y sus alrededores superaron los $250.000, un monto inalcanzable para la mayoría. La consecuencia es que estudiantes de localidades cercanas se ven obligados a viajar a diario, limitando su asistencia, o directamente a abandonar la carrera. La situación también afecta a los jóvenes de la capital, quienes se ven forzados a recurrir a “changas” y trabajos precarios, lo que los lleva a cursar menos materias y alargar indefinidamente sus trayectos académicos.
Una solución estructural para un problema social
Ruiz Moreno subrayó que la crisis no se limita a los estudiantes. Docentes con salarios por debajo de la canasta básica y la precariedad laboral de ayudantes de cátedra completan el cuadro. La falta de presupuesto no solo impide que los estudiantes se dediquen plenamente a sus estudios, sino que también desincentiva la investigación, un área que el consejero, próximo a recibirse de Licenciado en Historia, considera fundamental para el desarrollo del país.
¿La solución? Para el joven no es un simple ajuste presupuestario, sino un cambio de modelo social. Propone una universidad al servicio de los trabajadores, que no solo garantice el acceso, sino que también construya las condiciones materiales para que los estudiantes se formen y luego consigan empleo de calidad. El ideal que persigue su espacio político, Vía Socialista, es uno en el que la construcción de albergues o la producción de alimentos se realice con trabajadores en condiciones dignas, que a su vez puedan formarse en la universidad.
Ruiz Moreno lo resume de forma contundente: “Si no defendemos la universidad pública y no pensamos una solución integral, será muy difícil salir del pozo”. La lucha -asegura- no se detiene en un veto rechazado. Continuarán en las calles, con clases públicas y asambleas, para exigir que la educación pública no sea solo un derecho declarado, sino una realidad palpable. La consigna es clara y radical: si el Gobierno veta el futuro de los estudiantes, ellos deberán vetar al Gobierno.
