El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones informó a la Fiscalía de Estado sobre un conjunto de sanciones aplicadas a intendentes municipales por irregularidades detectadas en la rendición de cuentas correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024. La medida, que surge del expediente N°1148/2024, incluye multas de distinta magnitud por la falta de presentación, la presentación parcial o fuera de término de la documentación exigida en formato digital.
La resolución N°124/2024 del organismo de control fue elevada al Fiscal de Estado en abril de 2025 y en ella se detalla la imposición de sanciones a más de una decena de jefes comunales. Entre ellos figuran Miguel Ángel Szumkoski (Santiago de Liniers), Pedro Rubén Gómez (Los Helechos), Claudio Rubén Kobler (9 de Julio), Antonia Medina (Colonia Polana), Clemente Alejandro Aranda (Mártires), Raimundo Lucas (presidente de ITUREM), Juan Carlos Fernández (Fracrán), José Fernández (Santa María), Miguel Ángel Vargas (Guaraní), Carlos Omar Flores (Candelaria), Julio César Barreto (Montecarlo), Gerardo Gerhard (Alba Posse), Mirtha Lezcano (Puerto Piray), Gustavo Vílchez (San Javier), entre otros.
Las multas varían en función de la falta detectada. Se aplicaron sanciones de $351.472 por incumplimiento total en la presentación; de $234.315 por entrega fuera de término y parcial; de $175.736 por presentaciones incompletas; y de $117.157 por rendiciones tardías. También se fijaron montos superiores, como el caso de $702.945 aplicado al intendente Kobler de 9 de Julio, en relación al registro en el Portal del Cuentadante.
Luego de aplicar esas sanciones, el Tribunal de Cuentas dictó la resolución N°003/2025, donde rechazó un recurso presentado por el mismo intendente de 9 de Julio, ratificando así las sanciones previamente impuestas. El oficio, con fecha abril de este año, fue remitido a la Fiscalía de Estado, a cargo de Fidel Eduardo Duarte, acompañado de copias de las resoluciones y del informe de la Dirección de Cargos y Multas.
Contexto económico y administrativo
La decisión del Tribunal de Cuentas se enmarca en un escenario particularmente complejo para los municipios de Misiones y del país. La inflación, la reducción de transferencias nacionales y la merma en los recursos coparticipables tensionan las finanzas de los gobiernos locales, que deben responder con servicios básicos crecientes en comunidades que se ven afectadas por la recesión y la caída del poder adquisitivo.
En este contexto, la rendición en tiempo y forma de los recursos públicos adquiere una relevancia central para garantizar la transparencia, la confianza de la ciudadanía y el control sobre los fondos. La digitalización de los procesos administrativos, exigida por el organismo de control, busca justamente simplificar procedimientos, mejorar la trazabilidad de los gastos y evitar irregularidades.
Sin embargo, la multiplicación de casos de intendentes sancionados muestra que todavía persisten dificultades de gestión en varias comunas, ya sea por limitaciones técnicas, falta de personal capacitado o desprolijidades administrativas.
Señal institucional
El Tribunal de Cuentas dejó en claro en sus resoluciones que no se trata de una cuestión optativa, sino de una obligación legal prevista en la Ley Orgánica del organismo y en las normativas que regulan la gestión financiera de los municipios. Al ratificar las sanciones y dar intervención a la Fiscalía de Estado, el organismo envía un mensaje político e institucional sobre la necesidad de ajustar los mecanismos de control y reforzar la responsabilidad de los intendentes en la administración de los fondos públicos.
La medida también expone la tensión entre la realidad económica de los municipios y las exigencias de control formal. En un momento de crisis nacional y provincial, con recursos cada vez más escasos, la obligación de presentar las cuentas digitales en tiempo y forma se convierte en un desafío que, de no cumplirse, acarrea sanciones personales para los jefes comunales.
