El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó frenar la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta actualmente nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura. Cinco de ellas corresponden a presuntos hechos de acoso sexual contra empleadas de su juzgado.
La notificación de cargos se realizó la semana pasada y el magistrado cuenta con un plazo legal de veinte días para presentar su descargo por escrito ante la Comisión de Disciplina. Entre los expedientes abiertos figuran acusaciones por abuso de poder, maltrato laboral y uso indebido de recursos públicos.
La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación había reclamado desde septiembre de 2024 la presencia de custodia policial en el juzgado para resguardar a los trabajadores. El gremio celebró haber conseguido una consigna durante el horario laboral y remarcó que el juez fue notificado de acuerdo con el reglamento de la Comisión de Disciplina, presidida por el abogado César Grau.
De acuerdo con los testimonios, una de las denunciantes relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue abordada por Maraniello. Señaló que se vio forzada a asistir a un encuentro fuera del horario laboral por temor a perder su empleo y que allí sufrió tocamientos y besos no consentidos. Aseguró además que se sintió presionada a mantener relaciones sexuales para terminar con la situación.
Otra empleada sostuvo haber recibido mensajes a través de redes sociales, comentarios reiterados sobre su vestimenta y maltrato laboral luego de rechazar pedidos personales del magistrado. Declaró también haber padecido acercamientos físicos no deseados y hostigamiento verbal. Según la denuncia, la víctima necesitó medicación para afrontar la situación, atravesó episodios de depresión y pensamientos suicidas, y formalizó su presentación ante la Unidad de Bienestar Laboral.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres intervino para tomar declaración y advirtió que, por tratarse de un funcionario judicial, los hechos podrían configurarse como delitos públicos. El expediente quedó en manos de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.
El proceso disciplinario avanza con la recolección de pruebas y testimonios, mientras la Comisión de Disciplina analiza eventuales sanciones administrativas o la posibilidad de remitir el caso a la Comisión de Acusación, que podría solicitar la destitución.
El gremio judicial subrayó que las entrevistas con empleados actuales y ex empleados permitieron conocer más casos. Una de las trabajadoras describió su situación de vulnerabilidad al remarcar que era hija de un camionero y dependía del empleo interino para continuar sus estudios, siendo la primera universitaria de su familia.
La polémica se suma al fallo que dictó Maraniello en favor del Gobierno al ordenar que cesara la difusión de los audios de Karina Milei. La medida fue solicitada por el Ejecutivo, que denunció una “operación de inteligencia no institucional” para desestabilizar al oficialismo y afectar el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó la denuncia y pidió el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales.
La presentación oficial sostiene que la filtración ocurrió en un “momento estratégico” previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta la maniobra como parte de una campaña de desinformación destinada a influir en los votantes y advierte sobre el impacto negativo en la militancia.
Fuentes del oficialismo manifestaron preocupación por la crisis política que se abrió a partir de la difusión de los audios y reconocieron el riesgo de un agravamiento en caso de que los resultados electorales no sean favorables.
(Fuente: Infobae)
