El Ministerio de Economía dispuso el inicio formal del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales SA. La decisión, plasmada en la Resolución 1284/2025 que se publicó este 1 de septiembre en el Boletín Oficial, afecta directamente a la gestión y operación de la red vial nacional bajo control estatal y marca un nuevo avance en la política de privatizaciones impulsada por el Gobierno nacional.
La medida se enmarca en la aplicación de la Ley 27.742, conocida como la Ley Bases, que declaró sujeta a privatización a Corredores Viales SA, y en la reglamentación establecida por los decretos 695/2024 y 97/2025.
El proceso se llevará adelante bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la intervención de la Secretaría de Transporte y la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
El objetivo central es la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes, la concesión de los corredores viales a nuevos operadores privados y la posterior disolución y liquidación de la empresa estatal.
La resolución instruye a la Secretaría de Transporte a realizar el inventario de los bienes que la empresa debe reintegrar al Ministerio de Economía y a elaborar los documentos necesarios para la extinción de los contratos de concesión.
Además, se le encomienda proponer la nueva conformación de los tramos de la red vial nacional. Además, debe efectuar relevamientos sobre el estado de los tramos y de las obras de infraestructura, y solicitar la rescisión de contratos que no se consideren prioritarios.
Todo el procedimiento de licitación y adjudicación de los nuevos contratos de concesión se realizará a través de la plataforma digital CONTRAT.AR, según lo dispuesto en el decreto 416/2025.
La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” tendrá a su cargo la coordinación de las medidas necesarias para cumplir con el cronograma de privatización.
Entre sus tareas se encuentra la solicitud de la valuación de los flujos de fondos futuros vinculados a la explotación de la concesión de obra pública por peaje, así como la tasación de los bienes de Corredores Viales SA, que deberá realizar el Tribunal de Tasaciones de la Nación o un organismo del sector público nacional.
La resolución establece un plazo de doce meses desde la entrada en vigencia de la medida para la concesión de los tramos de la red vial nacional y la posterior disolución y liquidación de la empresa.
Además, precisaron que la Secretaría de Transporte “deberá elaborar y tramitar la documentación licitatoria, técnica y contractual, la que deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Agencia de Transformación de Empresas Públicas’, pudiendo solicitar la colaboración técnica y operativa de Corredores Viales SA”.
