Los operativos para auditar las pensiones por discapacidad generaron mucha bronca en San Ignacio, luego de que numerosos beneficiarios denunciaran suspensiones o bajas en sus pensiones sin previo aviso.
En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, el secretario de Acción Social del municipio, César Ramírez, explicó la situación y expresó su preocupación por el impacto que esta medida nacional está teniendo en las familias afectadas.
Mencionó que fueron dos días de operativo: el jueves donde hubo mayor concurrencia de otros municipios y el segundo este viernes. Comentó que hubo muchas personas de Aristóbulo Valle, Salto Encantado, Jardín América, Hipólito de Irigoyen, Santo Pipó, Corpus y Roca que debieron trasladarse a San Ignacio. Esto, ya generó un malestar en la gente. Encima, muchos llegaron al lugar de la convocatoria, cumpliendo con el horario estipulado en la carta documento y se “presentaron con la actualización de los estudios médicos”, pero “ellos todavía no estaban”. Es más, “ni siquiera había un médico” para constatar los estudios de los beneficiarios, sentenció.
El Secretario de Acción Social remarcó: “La gente está angustiada, y con razón. Muchos se enteraron que les dieron de baja la pensión cuando fueron a cobrar y no encontraron el dinero. Nadie les avisó nada, y eso es lo más grave”.
Según el funcionario, las auditorías forman parte de un proceso nacional que busca revisar los certificados de discapacidad y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. Sin embargo, remarcó que desde el municipio no se tiene control sobre las decisiones finales. “Desde San Ignacio no gestionamos las bajas. Esto viene desde Nación, desde las áreas de ANSES y Salud que están haciendo controles. Nosotros acompañamos a las personas, pero no somos quienes tomamos esas decisiones”, aclaró.
También indicó que muchas de las bajas podrían estar relacionadas con cuestiones técnicas o administrativas, como la falta de actualización de los certificados, lo que agrava aún más la situación de quienes perdieron el beneficio sin entender por qué. “En muchos casos, la pensión se cae porque el certificado de discapacidad venció o porque falta documentación. Pero el problema es que no hay un sistema claro de comunicación. La persona se entera cuando ya es tarde”, agregó.
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Ante esta situación, desde la Secretaría de Acción Social se está brindando asesoramiento y acompañamiento a quienes se vieron afectados por las medidas. “Estamos atendiendo todos los días, recibiendo a los vecinos, ayudándolos a reactivar los trámites o a presentar apelaciones. No vamos a dejar solos a los que más lo necesitan”, aseguró Ramírez.
El funcionario también cuestionó el modo y la forma del operativo, porque “en la carta documento decía una dirección y se hizo en un restaurant”. Desde Acción Social del Municipio se anticiparon a la situación, “hablamos con la gente de Salud Pública, en este caso del hospital, que nos mandaron un gazebo, tres enfermeras y una ambulancia de la municipalidad que pusimos a disposición” para atender casos de urgencia. Ramírez confió que “mucha gente que hoy se desvaneció era por los picos de su situación que están viviendo”.
El operativo estuvo tan mal organizado, dijo Ramírez, que hubo personas que incluso fueron en ambulancia porque no podían trasladarlas. “Le decíamos acérquense ustedes, nosotros habilitamos las calles para que puedan ingresar estos móviles y le puedan hacer la auditoría. No había ni agua, no había ni sillas“, aseguró.
En los últimos días, se multiplicaron las quejas en redes sociales y en medios locales por la falta de claridad y la sensación de abandono que viven muchos beneficiarios. Algunas organizaciones sociales también salieron a cuestionar el enfoque del gobierno nacional en este tipo de auditorías, reclamando mayor sensibilidad y una revisión caso por caso.
Si bien no hay un cronograma establecido por la Nación, el funcionario municipal indicó que los operativos en la provincia continuarían la semana que viene en la localidad de 25 de mayo y alrededores.
