Más de 110.000 pensiones por discapacidad fueron suspendidas en todo el país en el marco de una auditoría impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según denunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones. De acuerdo a la asociación, el procedimiento presenta serias irregularidades.
Belén Arcucci, coordinadora del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, detalló en la FM 89.3 que desde fines del año pasado vienen advirtiendo los problemas del proceso: “No negamos la facultad de auditar, pero sí cuestionamos la forma. A quién se audita y cómo, importa. Se trata de personas con discapacidad y eso implica obligaciones específicas en términos de accesibilidad y apoyo”.
ACIJ denunció que las citaciones se realizaron únicamente mediante carta documento, pero “el 46% nunca llegó”, reveló Arcucci y que muchas personas fueron convocadas a centros ubicados a cientos de kilómetros de sus hogares, sin las condiciones mínimas de accesibilidad. “Hay personas ciegas que no podían leer la carta o con movilidad reducida que no podían bajar a recibirla”, ejemplificó Belén.
“Desde el principio cuestionamos el mecanismo de citación, que es a través de una carta documento y que, desde el inicio, notamos que no llegaba mucha gente”, indicó y agregó que esto ocurrió ya sea “por problemas en el correo, o porque no llegó a todos los lugares del país, como zonas rurales, zonas alejadas y barrios populares”.
Arcucci también mencionó que se modificó el decreto que regula las pensiones por discapacidad para incluir como causal de suspensión la imposibilidad de entregar la carta. “Eso es inconstitucional. Hoy sabemos que se enviaron 997.000 citaciones y más de 504.000 no pudieron ser entregadas”, alertó.
En este sentido, sostuvo “que no te llegue la carta de documentos, ya parecería una causa para que te suspendan la pensión. Y esto porque es muy preocupante”.
Respecto a la falta de transparencia, la referente de la ACIJ no dudó y sentenció que “No hay un criterio claro de evaluación. Las personas no saben qué documentación llevar, cómo se evalúa, ni cuándo tendrán una respuesta. Algunos se enteran que les suspendieron la pensión cuando van al banco y no tienen el dinero. Fueron como siempre a ver su cuenta donde cobran habitualmente la pensión y no le habían pagado”.
Recomendó que primero que se debe realizar es un reclamo administrativo, que lo puede hacer cualquier persona sin recurrir a un profesional. Luego, mandar también la documentación médica que acredita que realmente hay un derecho a la pensión. Recién ahí, en caso de no obtener una respuesta, hacer el reclamo vía judicial, pero para ello ya se necesita la intervención de un abogado.
“No se pensó en la realidad de las personas con discapacidad ni en la del país. Este proceso no tuvo participación de quienes más lo conocen y lo sufren”, concluyó Arcucci.
ACIJ presentó una acción judicial el 14 de agosto —aún sin resolución— y también llevó la denuncia ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En paralelo, algunas provincias, como Formosa, ya iniciaron amparos para frenar las suspensiones.
