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Industrias Montecarlo: trabajadores esperan definiciones mientras la deuda salarial ya supera los 2,8 millones de pesos por empleado

Domingo Paiva dio detalles de la situación en FM de las Misiones.

26 agosto, 2025

La paralización de la histórica fábrica de utensilios de madera en Eldorado continúa generando incertidumbre. A dos semanas de que concluya el período de suspensión dispuesto por la empresa, los doce trabajadores de Industrias Montecarlo aún no saben si podrán retomar sus tareas ni cómo afrontarán las obligaciones familiares mientras la patronal les adeuda sueldos y paritarias impagas.

Domingo Paiva, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Eldorado, advirtió que la situación es crítica porque cada operario tiene un atraso que ronda entre 2,8 y 3 millones de pesos. Señaló que además de los haberes correspondientes a la segunda quincena de julio y la primera de agosto, se acumula un reclamo por incumplimiento de paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo.

“Hoy a cada trabajador únicamente de salario, de sueldo, le está debiendo alrededor de 2.800.000 o 3.000.000 de pesos a cada uno”, explicó en diálogo con FM de las Misiones.

El dirigente sostuvo que la forma en la que la empresa comunicó la suspensión fue irregular. Según relató, la medida se notificó de manera sorpresiva y sin presentar la preventiva de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, como exige la normativa. “Una empresa para poder suspender al personal, ya sea parcial o total, debe presentar una preventiva de crisis. No lo hicieron, la suspensión fue notificada de manera sorpresiva”, cuestionó.

La conducción gremial rechaza la decisión empresaria y asegura que la falta de respuestas empeora la angustia de las familias. Paiva remarcó que los dueños residen en Buenos Aires y delegan las negociaciones en apoderados sin poder real de decisión, lo que complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo. “Muy poco conocemos a los dueños, entonces se torna mucho más difícil porque todos sabemos cuando nos sentamos con un apoderado, consultaré con el cliente, veré con el cliente, con mi representado, y esto hace más angustiante”, sostuvo.

En relación a los antecedentes, recordó que hasta mayo de 2024 la firma cumplía en tiempo y forma con salarios y aportes, pero el ingreso masivo de productos importados deterioró la competitividad. “Lamentablemente esta libre importación para los productos que ellos hacen, que son utensilios de madera, ingresan todo de afuera, más económico, más barato, más allá de que la calidad es mucho menos”, señaló. La competencia con artículos plásticos profundizó el problema, afectando las ventas y provocando incumplimientos crecientes.

El gremio mantiene reuniones con autoridades provinciales y realizó gestiones ante el Ministerio de Trabajo de Misiones para constatar la situación. Mientras tanto, los trabajadores sobreviven con asistencia alimentaria aportada por Desarrollo Social de la Provincia y con módulos entregados por el sindicato. Paiva aclaró que se trata de un auxilio momentáneo que no resuelve el problema de fondo. “No alcanza, es paliativo. Acá lo que se necesita es que esto se reinicie inmediatamente”, expresó.

El referente sindical afirmó que la mayor preocupación es el futuro inmediato. Aunque los empresarios aseguran que la intención es continuar, la experiencia en casos similares genera dudas. “Lo más difícil son los trabajadores y sus familias, son 30 días que no van a percibir sueldo, porque es sin goce de haber, y esto es lo más angustiante”, manifestó.

Si la fábrica no reanudara su actividad el 22 de septiembre, el conflicto podría escalar. En ese escenario, Paiva recordó que la legislación establece que ante un eventual cierre los empleados deberían recibir al menos la mitad de la indemnización correspondiente, aunque subrayó que el sindicato prepara todas las reservas legales para resguardar los derechos laborales.

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Tags: Domingo PaivaFM 89.3Foresto
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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