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Paro de controladores: el Gobierno advierte que el servicio de navegación aérea es esencial y debe cumplirse al 45%

Ante la nueva jornada de huelga convocada por ATEPSA este martes, la Secretaría de Transporte y la ANAC reafirman el cumplimiento del servicio mínimo y anuncian fiscalización estricta en todos los aeropuertos del país.

26 agosto, 2025

El Gobierno nacional advirtió ayer lunes mediante un comunicado que, ante el paro dispuesto para este martes por los Controladores Aéreos como parte de su plan de acción gremial, el servicio de navegación aérea es “esencial” y debe prestarse en al menos un 45%.

“En función a la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7 a 10  y de 14 a 17, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, sostiene el comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Transporte de la Nación.

Agrega que “el cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo ante eventuales intentos de paralización total”.

Y sostiene que, “en caso de constatar incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción a la empresa y definir las sanciones aplicables conforme a la normativa vigente, que podrán ser multas económicas o una eventual inhabilitación de la concesión”.

“Asimismo -añade-, la ANAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, podrá labrar actas de infracción a los titulares de licencias, es decir, a los controladores en cuanto tales, por eventuales incumplimientos, transgresiones o por conductas que pudieran afectar la seguridad operacional”.

Hasta el momento, los paros realizados por el gremio (ATEPSA) liderado por Paola Barritta ya llevan cancelados más de 170 vuelos, y más de 250 reprogramados, perjudicando la vida a más de 44 mil pasajeros.

A su vez, desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se evalúa realizar denuncias formales para activar sanciones económicas. Considera efectuar reclamos por daños económicos, “reservándose acciones judiciales ante la afectación al sistema aerocomercial, se analizan vías administrativas y legales”.

Advierten que “se podrían llevar adelante multas millonarias por el impacto operativo y financiero de las medidas gremiales, que afectan conectividad y seguridad aérea”.

“EANA mantiene un monitoreo legal y operativo activo, reservándose el derecho de avanzar con medidas legales adicionales si persiste el incumplimiento”, concluyen.

El paro de controladores aéreos volvió a golpear con fuerza este domingo al sistema aerocomercial argentino. Según estimaciones oficiales y de las compañías aéreas, casi 19.000 pasajeros se vieron afectados ayer por cancelaciones y reprogramaciones que alteraron la operatoria de los principales aeropuertos del país.

Las aerolíneas de cabotaje fueron las más perjudicadas, ya que concentran gran parte de sus operaciones en los horarios coincidentes con la protesta. En cambio, las compañías internacionales lograron reubicar vuelos en franjas alternativas, reduciendo el impacto en sus cronogramas.

 

El origen del conflicto

Las medidas fueron convocadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de un prolongado conflicto salarial con EANA.

Pese a que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria semanas atrás, las negociaciones paritarias no lograron avances. El gremio rechaza la pauta oficial, que prevé un aumento del 1% mensual, y reclama una “propuesta salarial decente” para suspender las medidas.

 

Cómo sigue el cronograma de paros

ATEPSA adelantó que continuará con el plan de acción durante esta semana. Las próximas restricciones a los despegues se aplicarán en los siguientes días y horarios:

  • Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17.
  • Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.
  • Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22 (última jornada del ciclo anunciado).

Las medidas excluyen a los vuelos sanitarios, humanitarios y a los servicios de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR).

 

Impacto en los usuarios

La afectación sobre los pasajeros varía según la duración de las franjas de restricción. En cada jornada, se concentran demoras prolongadas en tierra y cancelaciones preventivas, que derivan en reprogramaciones masivas.

Desde las aerolíneas señalaron que trabajan en coordinación con EANA para minimizar el perjuicio a los pasajeros, aunque advirtieron que las alteraciones continuarán mientras no haya un acuerdo.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #ParoAeronáuticaArgentinaATEPSAControladores AéreosServicio esencial
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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