El Gobierno nacional atraviesa una de sus semanas más difíciles tras la renuncia de Diego Spagnuolo a la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la difusión de audios en los que se lo vincula con presuntas maniobras de coimas para la entrega de pensiones y beneficios sociales.
La salida de Spagnuolo, confirmada el jueves por la Casa Rosada, abrió un nuevo frente de conflicto político en el oficialismo. Es que el funcionario era considerado un hombre de confianza del entorno de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. La oposición no tardó en reaccionar: desde distintos bloques parlamentarios ya analizan la posibilidad de citarla al Congreso para que dé explicaciones sobre el funcionamiento de la ANDIS y su rol en el nombramiento de autoridades.
Mientras tanto, la Justicia avanza con la investigación. El fiscal federal a cargo de la causa ordenó allanamientos en oficinas vinculadas a la agencia y solicitó documentación clave para determinar si existió un esquema de recaudación irregular a través de intermediarios. La pesquisa se originó en una denuncia por presuntas solicitudes de dinero a cambio de acelerar trámites para personas con discapacidad.
El escándalo se produce en un contexto especialmente sensible para el oficialismo. En apenas 48 horas, el Gobierno sufrió derrotas legislativas en ambas cámaras del Congreso, lo que dejó en evidencia la fragilidad de su estrategia parlamentaria. Ahora, el próximo miércoles, el jefe de Gabinete Guillermo Francos deberá presentarse en Diputados para brindar su informe de gestión en medio de un clima caldeado. Se espera que gran parte de las preguntas de los legisladores giren en torno al caso de la ANDIS y las responsabilidades políticas del Ejecutivo.
En la Casa Rosada intentaron bajar el tono a la polémica. Voceros presidenciales remarcaron que la renuncia de Spagnuolo “se aceptó de inmediato” y que el Presidente Javier Milei no tolerará “ningún hecho de corrupción” en su administración. Sin embargo, la oposición insiste en que el episodio deja al descubierto la falta de controles internos y la influencia decisiva de Karina Milei en la designación de funcionarios.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad expresaron su preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la gestión de programas y beneficios esenciales. “Más allá de las responsabilidades individuales, lo que necesitamos es transparencia y continuidad en las políticas públicas”, advirtieron desde distintas asociaciones.
El caso de la ANDIS amenaza con convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza para el Gobierno libertario en lo que va de la gestión, combinando judicialización, tensiones parlamentarias y cuestionamientos internos sobre el rol de la hermana del Presidente.
Fuente: Medios Digitales
