La Municipalidad de Puerto Rico atraviesa desde mayo un conflicto con el Banco Nación por el cobro de la tasa de comercio, una contribución que todas las entidades bancarias abonan en concepto de contraprestaciones de servicios. Durante los dos primeros bimestres de 2025 (enero-febrero y marzo-abril) la entidad cumplió con el pago sin objeciones. Sin embargo, al iniciar el tercer bimestre, presentó un amparo judicial que impidió al Municipio percibir los montos correspondientes a mayo-junio.
La situación se repite en el cuarto bimestre (julio-agosto) cuyo vencimiento opera este mes, con el riesgo de dejar nuevamente un vacío en las arcas municipales. Según cálculos de la Comuna, cada bimestre no cobrado representa un perjuicio de aproximadamente 30 millones de pesos, un golpe sensible en un contexto de restricción fiscal.
Desde la asesoría legal del Municipio se mantienen gestiones y reuniones con representantes de la entidad para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, el planteo central del Banco Nación es que “no existe contraprestación de servicios” que justifique la tasa, argumento que la Comuna rechaza. “Las calles no se iluminan solas, las veredas no se construyen ni se mantienen solas, los espacios públicos requieren limpieza, pintura, cartelería y hasta medidas de seguridad vial para el transporte de caudales. Todo eso es parte de los servicios municipales”, remarcan.
La posición local apunta a demostrar que la tasa está justificada en tanto que el Municipio provee infraestructura y seguridad indirecta -en coordinación con la Policía provincial- para garantizar el normal funcionamiento de la entidad financiera. “La realidad es que el Banco no quiere pagar. Hay una bajada de línea nacional que busca instalar este criterio en varios municipios”, advierten en Puerto Rico.
El temor ahora es que el amparo se prolongue y que la medida cautelar se extienda a otros puntos de la provincia, provocando un desfinanciamiento en cascada de las cuentas públicas.
De hecho, las sedes del banco en varios municipios misioneros ya iniciaron conversaciones con los intendentes para pagar menos. “Literalmente quieren pagar menos o dejar de pagar y solapadamente instalan la amenaza de cerrar”, contó un alcalde que pidió reserva de identidad.
San Javier cedió
El caso de Puerto Rico no es aislado. Los otros municipios donde ya están al tanto de que los bancos quieren pagar menos son Alem, Apóstoles, Eldorado y Aristóbulo del Valle, además de San Javier, que ya llegó a un acuerdo en 2024.
En “La Dulce”, el intendente Matías Vilchez optó por una salida negociada para evitar un desenlace aún más grave: el eventual cierre de la sucursal local y el año pasado la Municipalidad redujo de 2,5% a 1,5% la alícuota de la tasa municipal al Nación.
Vilchez defendió la medida argumentando que la entidad cumple un rol vital en el pueblo: allí se pagan salarios de Prefectura, Gendarmería y Ejército, además de empleados nacionales, dinamizando el comercio local. “Priorizamos el valor humano”, sostuvo.
La decisión generó polémica porque coincidió con auditorías internas y rumores de privatización o cierre de sucursales dispuestas por el Gobierno nacional en localidades pequeñas. Para el jefe comunal, resignar un punto de la tasa “no mueve la aguja” en la recaudación, pero sí permite sostener puestos de trabajo y mantener una institución clave para los adultos mayores y los productores locales.
En Aristóbulo del Valle también hay tensiones. Desde el Municipio explicaron que la tasa de comercio del Nación representa unos 3 millones de pesos mensuales.
Estrategia nacional
La tensión se replicó en la provincia de Córdoba. En la capital, el Banco Nación inició un juicio contra la Municipalidad cuestionando la legalidad de la “Contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios”. Tras medidas cautelares y apelaciones, la Cámara Federal de Apelaciones convocó a una audiencia de conciliación en abril, sin un acuerdo definitivo. La disputa implica pérdidas estimadas en $500 millones.
Asimismo, en General Cabrera, Jesús María y General Deheza, el Banco Nación logró acuerdos con los intendentes para reducir tasas municipales, bajo el argumento de que las contribuciones locales ejercen una “fuerte presión tributaria” que encarece los costos operativos.
En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, distritos como Tres de Febrero y Esteban Echeverría ya avanzaron en el mismo camino.
El propio presidente de la entidad, Daniel Tillard, celebró estos convenios en línea con las políticas de Javier Milei: “Propugnamos la disminución de impuestos en todos los niveles de gobierno”.
Decisión política
El panorama muestra que lo ocurrido en Puerto Rico forma parte de una maniobra de alcance nacional. Bajo el paraguas de una estrategia coordinada desde las máximas autoridades del Banco Nación y en sintonía con el discurso oficial de la Casa Rosada, la entidad inició un proceso de litigio o negociación con municipios de todo el país para evitar el pago de tributos locales.
Mientras en algunos casos recurre a la vía judicial, con amparos y demandas por inconstitucionalidad, en otros presiona con la amenaza del cierre de sucursales, lo que fuerza a intendentes a resignar ingresos fiscales para sostener el empleo y el servicio financiero.
En Misiones, la disputa se concentra en Puerto Rico, pero el eco de las demandas ya alcanza a otras localidades. El riesgo es que la caída de la recaudación municipal por la tasa de Comercio -una de las más importantes para las comunas- deje a los gobiernos locales más desfinanciados y con menor posibilidad de brindar servicios.
