La litigiosidad laboral en Misiones sigue en alza. Según el informe provisorio de accidentabilidad laboral de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre enero y marzo de 2025 se registraron 1.644 demandas laborales en la provincia, lo que representa el 1,3% de los casos del país.
Aunque en términos absolutos la participación misionera pueda parecer baja frente a distritos como Buenos Aires (39,8%) o CABA (13,3%), el dato preocupa a las aseguradoras y al sector productivo local: proyecciones no oficiales anticipan que, en el segundo semestre, la cantidad de juicios podría duplicarse, impulsada por un cóctel de factores que combinan caída de la actividad, precarización laboral y un marco jurídico favorable a las demandas.
Contexto provincial
El sistema de riesgos del trabajo cubrió en el primer trimestre a 10,1 millones de trabajadores a nivel nacional, un 1,8% menos que en igual período de 2024. En todo el país se notificaron 124.706 casos de accidentes y enfermedades laborales, con una leve caída del 0,4% interanual.
De ese total, el 98,9% correspondió a trabajadores en unidades productivas y el 1,1% a personal de casas particulares. También se registraron 30.468 accidentes in itinere (camino al trabajo o de regreso), un 3,4% más que en 2024, y 129 muertes laborales, lo que implica un incremento del 2,4% frente al mismo período del año anterior.
En Misiones, la cifra de casos notificados es superior en comparación con 2024 (cuando tuvo un 9,8% menos) y el ritmo de judicialización crece por encima del promedio nacional. Este fenómeno no responde necesariamente a un aumento en la siniestralidad, sino a un uso intensivo del recurso judicial para obtener indemnizaciones más altas, según coinciden especialistas y aseguradoras.
El diagnóstico de las aseguradoras
Un informe reciente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) pone el foco en la “industria del juicio” como uno de los factores más críticos para la sostenibilidad del sistema. Entre junio de 2024 y mayo de 2025 se registraron 126.700 juicios a nivel nacional, con un costo estimado de más de 2 billones de pesos, equivalente a casi siete millones de salarios mínimos.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que “no hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo”. Además denunció un esquema de pericias médicas judiciales infladas y tasas de interés desproporcionadas, que convierten cada caso en “una oportunidad financiera más que en un reclamo legítimo”.
En ese marco, Misiones -aunque lejos de los grandes polos de litigiosidad- enfrenta un problema que impacta en su economía: cada juicio encarece los costos laborales, reduce el margen para la inversión y afecta la competitividad, especialmente en un escenario recesivo como el actual.
Ajuste, recesión y precarización
El crecimiento de las demandas laborales no puede analizarse por fuera del contexto económico. La política nacional de ajuste fiscal y reducción de la actividad productiva impulsada por el gobierno de Javier Milei generó un mercado laboral más frágil, con mayor informalidad, pérdida de poder adquisitivo y cierre de empresas.
En este escenario, la judicialización aparece como una vía de “compensación” para trabajadores que, ante un accidente o enfermedad laboral, buscan maximizar su indemnización frente a la incertidumbre económica.
Sin embargo, este mecanismo -en ausencia de controles periciales y estándares unificados- tensiona el sistema y amenaza con trasladar el costo a toda la cadena productiva.
Un desafío para el futuro
La SRT y la UART coinciden en que la solución requiere coordinación federal y reformas pendientes. La Ley 27.348 de 2017 estableció la creación de Cuerpos Médicos Forenses para garantizar pericias objetivas, pero en 17 provincias -incluida Misiones- aún no se implementaron. Experiencias como las de Salta y Río Negro, donde los peritos dependen del Poder Judicial, muestran índices de litigiosidad mucho más bajos.
Para Misiones, contener el crecimiento de demandas laborales será clave no solo para preservar la estabilidad del sistema de riesgos del trabajo, sino también para proteger la competitividad de sus empresas y el empleo formal en un momento económico delicado.
