La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes que la Argentina no deberá entregar ni las acciones de YPF en manos del Estado ni otras garantías mientras se resuelve la apelación contra el fallo de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado.
La decisión, considerada la más favorable de las opciones que evaluaba el tribunal, implica que el 51% de las acciones de la petrolera, actualmente bajo custodia en la Caja de Valores, permanecerán allí hasta que se defina el recurso presentado por el país. “Ahora, Argentina puede apelar la entrega de las acciones sin necesidad de preocuparse por entregar ningún activo como garantía”, señaló Sebastián Maril, de Latam Advisors.
El Ministerio de Economía celebró de inmediato el fallo, que también habilitó al Gobierno de Estados Unidos a intervenir como “amicus curiae” a favor de la postura argentina. “Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación”, destacó la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla.
La medida se enmarca en la prolongada disputa judicial por la expropiación de YPF, decidida en 2012 durante la presidencia de Cristina Kirchner. Por esa operación, Preska condenó al Estado argentino a pagar unos USD 18.000 millones al fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio.
La Argentina había solicitado el “stay” para evitar la entrega inmediata de las acciones mientras se define la apelación de fondo. El cronograma judicial prevé que el 25 de septiembre se presenten los argumentos escritos, y la semana del 27 de octubre se realice la primera audiencia oral. La resolución definitiva de la Cámara se espera a comienzos del próximo año.
Entre sus argumentos, el país planteó que la orden de Preska viola la inmunidad soberana, el principio de cortesía internacional (“comity”) y que los títulos están depositados en Buenos Aires, sin relación con la actividad comercial invocada en la demanda. También subrayó que, por ley, su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso.
En paralelo, Burford impulsa otros reclamos, como la doctrina del “alter ego”, para intentar demostrar que YPF y el Estado argentino son indistinguibles, lo que le permitiría cobrar con bienes de la empresa o de otras firmas estatales, e incluso con reservas en oro del Banco Central. En ese contexto, Preska ordenó la entrega de mensajes y comunicaciones de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, medida que Argentina dijo estar en condiciones de cumplir.
(Fuente: Infobae)
