En redes sociales, una simple pregunta encendió el debate: ¿de quién es la responsabilidad sobre el arbolado en las veredas? La consulta, lanzada en un grupo vecinal en Facebook, acumuló decenas de respuestas en pocas horas, donde incluso se habló de la responsabilidad económica del frentista si un árbol en su vereda por alguna razón (tormentas o deterioro por enfermedad) cae y provoca daños.
Algunos aseguraron, dentro del posteo, que el municipio debía hacerse cargo “por tratarse de bienes ambientales en espacio público”; otros, con igual convicción, sostenían que “la normativa local es clara: el cuidado (por ende la responsabilidad) corresponde al frentista”. A lo que algunos llegaron a sugerir directamente “no plantar” para evitarse dolores de cabeza futuros y hasta se animaron a contar como fueron “enfermando” a sus propios ejemplares para no verse como “responsables” al momento de pedir una “tala de seguridad”.
La discusión puso en evidencia que no solo sigue siendo necesario un debate social de fondo sobre el valor de los bienes ambientales, sino también que existe un enmarañado entramado de disposiciones, que fueron variando de una gestión a otra, que genera colisiones, confusiones y mucha polémica.
Para desentrañar el debate PRIMERA EDICIÓN habló con distintos expertos sobre la normativa vigente e inclusive grupos influyentes dentro del activismo ambiental, además de autoridades municipales, quienes intentaron echar un poco de claridad a la cosa, que no se cierra ahí, sino que exige seguir pensando en una ciudadanía responsable con sus bienes ambientales y en normas que lo incentiven.
“El responsable”
En primer lugar, el concejal Héctor Cardozo, presidente de la Comisión de Obras y Urbanismo, recordó que, al menos en la ciudad de Posadas, la normativa vigente no deja lugar a dudas: “El responsable del árbol que está en la vereda es del frentista”.
Por su parte, el director de Economía Circular de la provincia, Fernando Santacruz, reconoció que existe una superposición de normas “que generan desconcierto”.
“Aunque la Provincia tiene lineamientos generales sobre el arbolado, cada municipio puede dictar su propia normativa, y allí surgen las diferencias. En algunos lugares, la responsabilidad recae en el frentista; en otros, el municipio asume la tarea. Esto hace que la gente no siempre sepa con certeza qué le corresponde y qué no”, clarificó.
Plantar o no plantar, ¿es la cuestión?
Para el concejal Cardozo, el aspecto central del debate no pasa por la elección o no del vecino para plantar árboles en su vereda. Porque, si bien el árbol forma parte del espacio público, allí no hay libre albedrío: está obligado a plantar.
“La ordenanza 28 de arbolado urbano, vigente a la fecha, pone como exigencia hacerlo. El Plan Forestal Urbano lo dice taxativamente y no hay lugar a interpretaciones: en las veredas el vecino debe plantar un árbol cada ocho metros. Actualmente los lotes de la ciudad son de 10 metros, por lo tanto, sí o sí se tiene que tener un árbol por frente”, puntualizó.
“Ante esto mucha gente dice ‘al final es un conflicto tras otro tener un árbol’. Y sí, tal como está redactada la ordenanza toda la responsabilidad es del frentista, pero también es un beneficio ambiental en todo sentido”, enfatizó.
A su vez, en la práctica, incluida en la obligación de plantar y de las responsabilidades que le caben por ese árbol, el vecino debe realizar tareas de riego, control de plagas y, llegado el caso, gestionar ante el municipio la autorización para una poda correctiva o tala de seguridad.
En algunos casos, la ordenanza también contempla la obligación de reponer ejemplares que mueran o deban retirarse, siempre con especies aprobadas por el área de Espacios Verdes.
Cardozo explicó que cuando se aprobó este esquema de “obligaciones del vecino”, se buscó comprometer a la ciudadanía con el mantenimiento del arbolado urbano, ya que es “un recurso que no solo embellece las calles sino que cumple funciones ambientales cruciales para la vida humana”, dijo.
“Patrimonio”
“El arbolado urbano es parte del patrimonio de la ciudad y su mantenimiento requiere del compromiso ciudadano, en coordinación con la autoridad municipal”, amplió el edil.
“Si un árbol creció y se enredó en el cableado, o enfermó y cayó, o algo parecido, me da la pauta de que jamás se le hizo el mantenimiento. Hay árboles que uno ve y se da cuenta de que como mínimo hace 20 años que no se lo podó como era debido y ahora son un problema, pero porque nunca se asumieron responsabilidades”, sentenció.
Y luego agregó: “Este debate sobre las responsabilidades sobre nuestros árboles es muy valioso y permanentemente atendemos conflictos en ese tema; por ejemplo, ahora estamos tratando la modificación del Código de Edificación que tiene este planteo de los árboles en las veredas”.
“Uno de ellos, que nos hicieron los desarrolladores inmobiliarios, es que necesitan más celeridad en el trámite para talar, que a la fecha es un tema muy burocrático. Este tema en particular no está contemplado en la ordenanza del Código de Edificación, pero sí en la de Arbolado Urbano”.
“Ahí es donde se nota de forma mucho más evidente cómo las normas se van redactando según la visión que se tiene en cada momento. A partir de la modificación de la Carta Orgánica Municipal hubo varias normativas estratégicas que se fueron aprobando (Girsu, Plan Forestal, Plan Estratégico) según la visión que se tenía en el momento. En la medida que vamos trabajando, vamos recogiendo estos reclamos vecinales. Claramente hay mucha normativa que colisiona con otras y requiere actualización”, reconoció el funcionario.
“Faltan incentivos para gratificar al que sí cuida”
Por su parte, el director de Economía Circular de la Provincia, Fernando Santacruz, introdujo un matiz importante a la discusión: si bien en muchas jurisdicciones misioneras la responsabilidad recae sobre el frentista, también existe la necesidad de avanzar hacia un sistema que premie a quienes cumplan de manera sostenible: “Hoy, el vecino que poda correctamente, que mantiene el árbol sano, no recibe ningún tipo de estímulo, como descuentos, reducciones de tasas o algún reconocimiento. La gestión ambiental debería incluir políticas que premien el compromiso ciudadano”.
“En Mendoza tenemos un ejemplo de esto, porque no se trata solo de cumplir con una obligación, sino de fomentar el cuidado del ambiente”, señaló.
Para Santacruz, esta carencia limita el alcance de las políticas de cuidado del arbolado: “Cuando uno quiere generar conductas responsables, es importante que la comunidad sienta que su esfuerzo tiene mucho valor”.
“Si el vecino entiende que podar responsablemente o mantener una especie nativa saludable, le otorga más beneficios que obligaciones, es más probable que lo haga siempre”, opinó.
