Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el mercado laboral formal al mes de abril de 2025 confirma que Misiones se encuentra entre las jurisdicciones más golpeadas por la política económica del Gobierno nacional.
Entre noviembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia, y abril de este año, la provincia perdió más del 5% de sus puestos asalariados registrados en el sector privado, un retroceso que comparte con Chaco y Formosa, además de otras del interior.
En el plano nacional, la destrucción de empleo formal privado asciende a 104.603 puestos en apenas diecisiete meses.
La construcción encabeza la lista de actividades afectadas, con 59.110 bajas, resultado directo de la paralización total de la obra pública. Le sigue la industria manufacturera, con 32.455 empleos menos, y el comercio, que también muestra un saldo negativo.
El informe señala que el freno en la actividad económica, sumado a la ausencia de políticas de estímulo, explica la magnitud de la caída.
Panorama adverso
El panorama en el Nordeste argentino es particularmente adverso. Chaco, Formosa y Misiones forman parte del grupo de siete provincias con caídas superiores al 5% en el empleo privado formal.
En la economía misionera, la suspensión de proyectos de infraestructura arrastró a rubros vinculados como transporte, logística y servicios profesionales, mientras que la contracción en el comercio y los servicios de atención directa al público agravó la merma. La combinación de estos factores expone el impacto de un modelo que prioriza el recorte del gasto sobre la inversión productiva. La excepción en la región es Corrientes, que logró una leve mejora en el empleo formal privado gracias a un repunte en determinados sectores de servicios y ventas. Sin embargo, el CEPA advierte que el incremento es incipiente y no modifica la tendencia general en el NEA, donde el ajuste golpea con mayor fuerza que en el centro y sur del país.
El informe remarca que la pérdida de puestos de trabajo responde a decisiones políticas concretas: paralización de la obra pública, recorte del gasto público y desregulación de la economía.
El retroceso del consumo interno, producto de la caída del poder adquisitivo, limita la capacidad de recuperación de sectores clave.
En regiones con menor diversificación productiva, como el Norte Grande, los efectos se amplifican y las posibilidades de generar empleo de calidad se reducen notablemente. Otro punto destacado es el reemplazo de empleo asalariado privado por formas más precarias.
Desde noviembre de 2023, se sumaron 88.604 monotributistas, cifra insuficiente para compensar la destrucción de puestos formales.
En paralelo, la categoría de monotributo social se desplomó en 425.339 inscriptos en cuatro meses, a raíz del incremento de la cuota mensual y del reempadronamiento obligatorio dispuesto por la administración nacional. El ajuste también alcanzó al empleo público.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, se perdieron 58.210 puestos en todo el país, sumando niveles nacionales y subnacionales. La destrucción total de empleo asalariado registrado, considerando tanto el sector privado como el estatal, asciende a 160.308 en menos de año y medio de gestión. Para el CEPA, la política oficial de despidos masivos en el Estado no ha sido acompañada por una expansión del sector privado capaz de absorber esa mano de obra.
En materia salarial, el informe advierte que el estancamiento del poder adquisitivo se consolida. En abril de 2025, el salario promedio del empleo privado registrado aumentó 0,8% y la mediana cayó 0,7%, frente a una inflación oficial del 2,8%.
Medido con una canasta de consumo actualizada a 2017/2018, la pérdida real es más pronunciada: la mediana se ubica 11% por debajo y el promedio 9,3% menos que en noviembre de 2023. Según el CEPA, la desaceleración reciente de los precios se explica por la “ancla” salarial impuesta por la política económica.
